Decenas de cajas con documentación y cientos de fojas componen los distintos cuerpos de las causas en torno al ARA San Juan, el submarino de la Armada argentina, cuyo último contacto fue el 15 de noviembre de 2017. En su interior, viajaban 44 tripulantes y a un año de esa fecha, aún es un misterio cuál fue el destino de la embarcación y los motivos que ocasionaron su desaparición. La causa que investiga ese hecho se tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de la jueza Marta Yañez. Esa jurisdicción interviene de acuerdo al área en el que se registró la última comunicación de la nave.
En paralelo, en Buenos Aires, en el despacho a cargo de María Servini, se investiga cuál era el estado del ARA San Juan, con el objeto de establecer cómo fue el arreglo de media vida de la nave. Allí se acumularon dos denuncias por el tema: la que hizo la diputada Elisa Carrió, que inicialmente recayó en el juzgado de Sergio Torres, y la de un particular, sobre el estado de las baterías de la embarcación, a raíz del testimonio de un experto en un programa radial.
Ultimo contacto. La investigación en el juzgado de Yañez comenzó cuando se reportó la desaparición, pocos días después del último contacto y luego de que el submarino no llegara a la Base Naval de Mar del Plata, donde debía regresar. Desde entonces, la magistrada tomó más de medio centenar de declaraciones testimoniales, entre ellas, las de varios jefes navales y del desplazado Jefe de la Armada, Marcelo Srur.
En mayo pasado, Srur explicó que el submarino "podía navegar", pero "no operar". Agregó que no se le informó sobre "el ingreso de agua" en el viaje anterior y explicó que aconsejó que el submarino no saliera a realizar "control del mar", pero que se hizo igual.
Familiares. En el caso, también declararon varios familiares, técnicos y otros miembros de la fuerza. Aún no hay imputados, en tanto que las querellas de los familiares de los 44 tripulantes están divididos en varios grupos. Hasta el mediático Fernando Burlando se sumó en el último tiempo a representar a varios de ellos.
Por otro lado, en los tribunales federales de Comodoro Py tramita la denuncia entorno del caso que hizo la diputada Elisa Carrió, que apuntó al estado de la embarcación.
Entre otras referencias, Carrió presentó dos informes de la SIGEN, que dan cuenta de una millonaria diferencia entre lo presupuestado y lo que finalmente costó el arreglo de la nave, entre 2005 y 2015.
De la información relevada, se desprende que de 51 millones de pesos que según el presupuesto original debió costar el arreglo, realizado por Tandanor, terminó costando 127 millones.
En este caso también se tomaron varias testimoniales y hay decenas de medidas en curso. Eso se suma a otras medidas, peritajes e informes para determinar qué sucedió con el ARA San Juan antes de que desapareciera con sus 44 almas a bordo.
