Luego de siete años de empleo masivo de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico, México se encuentra en una trampa de la cual el gobierno de Peña Nieto –con ya 15 meses en el poder– parece incapaz de salir.
Como tantos otros males, el narcotráfico se fue expandiendo progresivamente en la sociedad mexicana a la vista de todos y la indiferencia de muchos. Cuando el gobierno finalmente decidió enfrentarlo, se disparó una espiral de violencia que se cobró ya 125.000 vidas en seis años. Entonces, México es a la Argentina la muestra de lo que implica no enfrentar el problema a tiempo.
De mal en peor. Hasta el año 2006 el nivel de violencia en México era razonable, con 9 homicidios cada 100.000 habitantes. Luego de los violentos años noventa, la primera década del siglo XXI sorprendía por su relativa calma. Lo mismo ocurría en Argentina.
Pero luego de que, en diciembre de 2006, once días después de haber tomado posesión del cargo, el presidente Felipe Calderón decidiera mandar tropas al estado de Michoacán para comenzar a implementar una nueva estrategia anti-droga basada en el arresto o el abatimiento de los líderes de los grandes carteles, México entró en una situación de descontrol que debe despertar nuestra atención (ver gráfico).
Sin dudas, la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el hombre más buscado por el FBI desde la muerte de Bin Laden, es un golpe de efecto para el gobierno de Peña Nieto, de una fuerte carga simbólica. Sin embargo, analizar los hechos en perspectiva muestra con claridad los costos sociales que, como daños colaterales, ha provocado esta política de concentrarse en la captura de los grandes jefes de los más poderosos carteles.
Desde 2007 a la fecha, el homicidio doloso se triplicó, fundamentalmente por la violencia relacionada con el tráfico de drogas, que tuvo un incremento del 450 por ciento.
Asimismo, los secuestros extorsivos se cuadruplicaron: 435 se reportaron en 2007; y 1700 el año pasado, llevando a pensar que es una forma que tienen las pequeñas narco-organizaciones de obtener capital de trabajo en sus primeros pasos.
Por otra parte, el robo de vehículos con violencia pasó de 27.000 casos en el 2007 a 60.000 en el 2010. El narcotráfico pareciera generar una cadena de mercados paralelos que expanden la economía criminal.
Pero, ¿qué sucedió a partir del 2006 para que la relativa calma se transforme, sin solución de continuidad, en un conflicto agudo? Algunos creen que el empleo masivo de las fuerzas armadas para enfrentar a las organizaciones de narcotráfico y descabezar a las más importantes no ha hecho más que empeorar la situación. Los críticos sostienen que esta estrategia ha llevado a incrementar las disputas internas dentro de los carteles y entre los carteles, y también a la fragmentación de las grandes organizaciones en muchas pequeñas, que no tienen los recursos ni los incentivos para regular la violencia.
Otros, en cambio, apuntan a que la estrategia de Calderón no hizo más que “sacudir el avispero”.
Los factores que desataron la violencia no cayeron del cielo en el 2007. Por el contrario, vinieron gestándose durante los años 2000 en un marco de relativa calma hasta que el gobierno decidió, precisamente, tomar el palo y pegarle al avispero.
México y el Plan Colombia. Lo que sucedió en México en esos años de calma se vincula directamente con la evolución del Plan Colombia, implementado a partir del año 2000.
En alguna medida, los efectos de dicho plan redefinieron el rol de México y Centroamérica en el mercado regional de drogas, como así también el de otros países de la región, incluida la Argentina.
A mediados del 2006, cuando el actual Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue nombrado Ministro de Defensa, redefinió la estrategia anti-drogas. Entonces, redujo el énfasis puesto en atacar aquellas partes de la cadena de producción de droga que agregan poco valor (plantaciones) y comenzó a focalizarse en la interdicción de los grandes cargamentos de droga y –fundamentalmente– en la detección y destrucción de los laboratorios de procesamiento de cocaína.
Este cambio en la estrategia anti-drogas colombiana implicó un reacomodamiento del negocio en distintos países de la región. Básicamente, las plantaciones de coca se incrementaron casi un 100% en Perú (el mayor productor mundial hoy de hoja de coca) y Bolivia, los laboratorios de procesamiento de mudaron a Venezuela, Ecuador y Perú, y las bases de operaciones de los carteles se mudaron a México y Centroamérica. Sumado a esto, el gobierno norteamericano radarizó enteramente el mar Caribe, bloqueando el circuito tradicional de transporte de droga colombiana.
Entonces, México se transformó en “la” ruta para entrar la droga al gran mercado de 23 millones de consumidores que es Estados Unidos. Se transformaron en los “porteros” de los consumidores norteamericanos, una tarea que estaría generando unos 6.200 millones de dólares al año.
Mientras esto sucedía, las administraciones mexicanas se hacían las distraídas. Ante los ojos de la sociedad entera, el negocio del narcotráfico en México se fue consolidando sin que el gobierno articule una respuesta acorde con el problema, dejándose penetrar por el dinero narco y estableciendo modus vivendi con las organizaciones. En definitiva, “pateando el problema para adelante”.
Tránsito y consumo. Un indicador de que algo pasaba lo daban los datos de consumo. En esos años de “calma”, por ejemplo, el consumo de cocaína creció un 100% entre los mexicanos. Hoy día, las clasificaciones de países de tránsito vs. países de consumo vs. países productores resulta ya un anacronismo. ¿Es el crecimiento del consumo en la Argentina en la última década –marihuana 200%, cocaína 170%, éxtasis 1.000%, entre los estudiantes secundarios– el indicador de que algo se está cocinando en nuestro país? El tema no es menor teniendo en cuenta que la violencia narco no es producto de disputas por proveedores, rutas o compradores internacionales, sino por el mercado interno. Rosario puede ser un caso.
Otro indicador de que algo estaba gestándose en esos años era el incremento en la incautación de droga. El mismo fenómeno se advierte en Brasil y en la Argentina, por ejemplo, lo que indica que el mercado interno está creciendo, y no que las fuerzas de seguridad son más eficaces. ¿Hasta cuándo seguiremos escuchando en nuestro país a gobernantes y funcionarios que se ufanan por haber decomisado más cantidad de droga el último año que los anteriores?
Cuando el gobierno de Calderón, sometido a presiones internas y externas, decide que es tiempo de enfrentar este flagelo que fue expandiéndose sin pausa en los años de “calma”, debió recurrir a una medida tan extrema como la magnitud del problema. Entonces, formalizó el empleo masivo de las fuerzas armadas para implementar una “guerra frontal contra las drogas”. El efecto fue el mismo que apagar el fuego con nafta.
Parte de la justificación de su uso vino por el grado de penetración del narcotráfico en las fuerzas policiales locales. A los militares mexicanos se los percibía menos corruptos, más disciplinados y con mayor imagen positiva que las policías. No obstante, luego de algunos años de lidiar en el barro, buena parte de esos supuestos se dieron vuelta. En Ciudad Juárez, por ejemplo, hubo marchas pidiendo el retiro de los militares.
La cuestión de fondo es que en el Estado mexicano, el escalón siguiente a las fuerzas policiales son los militares. Y estos, al no estar integrados al sistema judicial, no pueden realizar investigaciones, inteligencia criminal, penetrar en las organizaciones, etc. Por ello, el actual presidente Peña Nieto prometió en campaña la creación de una Gendarmería Nacional, como fuerza de seguridad federal. Hasta el momento no ha podido poner en marcha el proyecto por la abierta oposición de….las fuerzas armadas, que no quieren dejar de “combatir el narcotráfico”.
Ventaja argentina. Uno de los activos que puede ostentar la Argentina es la de disponer de una fuerza intermedia como la Gendarmería Nacional Argentina. Entonces, se impone la pregunta: ¿es útil seguir empleándola en puestos fijos de control vehicular en el Conurbano bonaerense, al mismo tiempo que se clama por usar a los militares contra la droga?
Por otro lado, viendo los efectos que el control del mar Caribe generó en México, resulta recomendable analizar seriamente cómo afecta a la Argentina el control que del espacio aéreo hacen los limítrofes Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia, pero también Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, entre otros. Todos países con ley de tiro de destrucción a las avionetas en vuelos ilegales que pretenden escapar de la patrulla área. Paradójicamente, el gobierno de Evo Morales aprobó la ley en enero pasado, y el gobierno de Nicolás Maduro la usó para derribar una avioneta procedente de México en el 2013.
Así las cosas, es evidente que la receta de jugar al distraído cuando el problema todavía es manejable, “hacer que se hace” mientras las narco-organizaciones se van expandiendo, echar mano a los militares cuando no se tiene que “combatir” pequeños ejércitos sino desbaratar redes altamente diversificadas, y patear el tema hacia adelante, no rindió sus frutos en México. Entonces, ¿por qué va a rendir en la Argentina?
*Politólogo. Ex viceministro de Seguridad bonaerense
