La muerte del fiscal Alberto Nisman disparó un sinfín de teorías –dignas de un thriller hollywoodense– y movilizó a los argentinos a preguntarse qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Su deceso no sólo abrió un debate político, tanto nacional como internacional, sino que puso en boga a un protagonista indiscutido de la escena del crimen: la policía científica. La sociedad sigue minuciosamente cada uno de los avances en la investigación criminal, en pos de obtener respuestas.
La analista de Inteligencia belga Teresa Dussart, quien en su blog RelacionesInternacionales.co dio a conocer las declaraciones testimoniales de los custodios del fiscal Nisman, formula una dura acusación: “Como extranjera que soy, es difícil llegar a la manifestación de la verdad en la Argentina. Salvo que la persona mate delante de las cámaras y mostrando su DNI, casi nunca se llega al culpable”.
Esta afirmación suscita ciertos planteos: ¿esto es verdaderamente así? ¿Por qué hay sectores de la sociedad que no confían en que haya un correcto desarrollo de las investigaciones criminales? Casos emblemáticos que ocuparon la agenda de los medios de comunicación, como el de Lucila Frend o el de Nora Dalmasso, alimentan esta teoría.
Nora y Lucila. Respecto del crimen de Nora Dalmasso, el doctor Miguel Maldonado, un prestigioso perito médico forense que ha intervenido en casos resonantes, revela que a partir de que se descubrió el cuerpo se sucedió una serie de hechos en los cuales está la clave del fracaso de la investigación en un 90%. “Aproximadamente unas treinta personas se hicieron presentes en el lugar, tocaron, movieron y contaminaron la escena, se llevaron y plantaron evidencias –falsas–. El caso se inició mal en lo que se refiere a los aspectos investigativos. No se preservó la escena del crimen, aspecto imprescindible en toda investigación criminal”.
Otro caso mediático fue el asesinato de Solange Grabenheimer, en el cual se absolvió a la acusada, Lucila Frend, por no tener pruebas suficientes en su contra. Para este fallo fue determinante el accionar del forense Eugenio Aranda, quien no pudo determinar con exactitud la hora de la muerte de Solange y, por lo tanto, faltaron elementos probatorios de la presencia de la acusada en el ámbito del crimen. “No hay crímenes perfectos, sino investigaciones defectuosas” sostiene Maldonado, quien tiene una máxima: “En materia de investigación criminal, tiempo que pasa, verdad que huye.”
Muchos NN. En la Ciudad de Buenos Aires, según el último informe que realizó la Corte Suprema de Justicia, los homicidios dolosos registrados en 2013 ascendieron a 176, de los cuales el porcentaje de autores NN (de identidad desconocida) ronda el 53%. Esta cifra, a priori, resulta llamativamente alta. De todos modos, Matías Bailone, director del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, aclara “hay un cúmulo de factores que determinan por qué existen causas con victimarios desconocidos. En las villas de emergencia, donde se produce la mayor parte de los homicidios, tiene que ver con la cuestión ciudadana. Los habitantes no tienen dentro de su concepción trabajar con la policía, no se presentan a testificar y es más difícil encontrar testigos”.
También hay que considerar la desigualdad de recursos con los que cuentan las diferentes provincias del país. El psiquiatra forense Maldonado apunta que “no hay en la mayoría de las provincias argentinas laboratorios que son esenciales para la actividad investigativa criminal y la actividad forense”.
Burocracia e impunidad. Claudio Stampalija, abogado penalista y criminólogo, sostiene que “hace tiempo que el sistema penal (Justicia, fuerzas de seguridad y Servicio Penitenciario) está en crisis en nuestro país”, pero coloca esta información en el marco de una tendencia que, en mayor o menor grado, atraviesa las fronteras. “El escenario de la ciencia criminológica global muestra que los porcentajes de personas condenadas por el delito que se les imputa resultan muy bajos. En nuestro país ronda el 3%, y en Estados Unidos no llega a duplicar ese promedio”.
Un ex alto jefe de la policía científica de la Policía Federal, que pidió reserva de su identidad, afirmó a PERFIL que identificar a la Argentina con un deficiente accionar penal difiere de la realidad porque “es exagerado e inexacto. Así como hay jueces, magistrados, que pretenden llevar la prueba a límites que no existen, hay muchos magistrados de un criterio brillante”.
Las atribuciones de la Policía Federal Argentina en una escena del crimen, detalladas en el artículo 184 de la Ley 23.984 del Código Procesal Penal, limitan el desempeño del cuerpo policial sin la previa autorización de un juez. Por lo tanto, el “Protocolo del teatro de los hechos” (como se llama en la jerga) es un trabajo en conjunto con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. En la Argentina, si bien el poder superior en común es la Corte Suprema de Justicia, no existe un estándar de actuación y por ende, varían las metodologías y lineamientos de investigación frente a los hechos.
El ex jefe policial concluye: “Normalmente cuando se busca sólo en la policía, en los malos policías o en los que actúan mal, la explicación de algunas cosas, es porque es la explicación más facilista”.
Stampalija agrega que “las responsabilidades penales, en general, no tienen un correlato condenatorio. Principalmente por deficiencias u omisiones en la investigación judicial, de la mano de una Justicia sobrecargada de causas, con deficiente numerario humano –tanto en los juzgados como en las fiscalías– y con tribunales con jueces subrogantes”.
Sin embargo, el penalista aclara que “dentro de ese esquema y contexto, es justo resaltar que existen jueces y fiscales que trabajan con denuedo, ordenando pruebas de diversa índole que puedan concluir con el esclarecimiento de los hechos denunciados”.
Si bien la Argentina cuenta con magistrados, académicos, peritos capacitados y –aun cuando falta invertir más en tecnologías de avanzada– con un equipamiento considerable para efectuar las distintas tareas periciales, el criminólogo Stampalija cree que “la cultura del desorden, los métodos y protocolos incumplidos y una práctica endeble por falta de integración entre los operadores del sistema, ponen cotidianamente en peligro la dilucidación de hechos graves y no tan graves. Dejan huérfana a la evidencia. Y la evidencia que muchas veces persiste es la de su ausencia. Y se llama impunidad”.
