El presidente de la Nación comunicó el inicio de una “nueva política de defensa” con una serie de anuncios generales y ambiguos, pero enmarcados en un mensaje muy claro de avance hacia la participación de las Fuerzas Armadas en la persecución de delitos como el narcotráfico o el terrorismo. Es decir, se afirmó la voluntad de Cambiemos de incorporar a las FF.AA. en misiones vinculadas con cuestiones de seguridad interior en las que tienen prohibido participar por ley.
En línea con la doctrina de las “nuevas amenazas” que el Gobierno viene instalando desde enero de 2016, se proponen una serie de coordenadas para modificar las misiones que, a través de un acuerdo multipartidario, el sistema político le dio a las FF.AA. luego de recuperada la democracia y durante los siguientes treinta años. Esta doctrina anunciada por el Gobierno asume como propia la definición de una agenda internacional que viene impuesta y que no está necesariamente asociada a los intereses nacionales.
El mensaje presidencial planteó la necesidad de que la Argentina se modernice frente a los retos del siglo XXI y que, para eso, es preciso flexibilizar la legislación vigente en materia de seguridad y defensa. Al mismo tiempo, planteó que los militares “colaboren en seguridad interior”, fundamentalmente como apoyo a la lucha contra el narcotráfico en las fronteras. De acuerdo con el decreto 683/18 publicado hoy y una directiva presidencial que todavía no tomó estado público, se les otorgan más funciones a las FF.AA.. La reforma, que modifica el decreto reglamentario de la Ley de Defensa 727/06, se apoya en tres puntos principales: se elimina toda referencia a que una agresión externa debe ser de origen estatal, lo cual amplía los supuestos de intervención primaria de las FF.AA. a cuestiones de seguridad como el terrorismo y el narcotráfico, si se los caracteriza como “agresiones externas”. A su vez, hace hincapié en las tareas de “apoyo logístico” de las FF.AA. a las fuerzas de seguridad. El concepto que usa de apoyo logístico aparece estirado como una coartada para la intervención operacional prohibida por la Ley de Seguridad. Por último, da a las FF.AA. la facultad de custodiar objetivos estratégicos sin las limitaciones de la Ley de Defensa. Según esta ley, la intervención de las FF.AA. en este aspecto se encuentra prohibida salvo que una ley del Congreso defina esos objetivos como zona militar. Es decir, la reforma implica un cambio en el paradigma político de intervención de las FF.AA. así como, en algunos puntos, un exceso en las facultades de reglamentación, ya que lo hace en contra de las leyes de Defensa y de Seguridad.
Este cambio suscita una fuerte preocupación en torno a cómo se definirán esas “agresiones externas”; quién, y con qué criterios y alcance, definirá la intervención militar en seguridad, justificada en la necesidad de dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad; así como qué es un objetivo estratégico, fundamentalmente en relación con las derivaciones que esto pudiera tener incluso en cuestiones de gestión de la conflictividad social, tarea para la cual las FF.AA. tienen prohibido intervenir y no están preparadas.
Estas medidas se justifican con argumentos modernizadores, pero en realidad implican reproducir políticas de probada ineficacia, que agravaron los problemas en lugar de resolverlos y que hoy están siendo desmanteladas en muchos países. Estas políticas en ningún caso han contribuido a resolver los problemas planteados por las denominadas “nuevas amenazas”. Fracasaron en sus objetivos y tuvieron graves consecuencias para los derechos humanos: escalaron el conflicto social y los niveles de violencia institucional, hay miles de muertos y desaparecidos, se dio un proceso de creciente corrupción de los propios militares. En el caso de Brasil, por ejemplo, la creciente militarización de la seguridad ha dado mayor relevancia a las fuerzas armadas en la vida institucional de ese país. Las derivaciones políticas de este hecho no pueden ser menospreciadas en la región. La decisión del Ejecutivo de anunciar estos cambios, en momentos en que en Brasil los militares intentan incidir en la vida nacional en todos los frentes, es por demás alarmante.
El camino elegido por el Gobierno elude el debate social y político sobre un tema fundamental para la democracia argentina. Elude también cualquier debate sobre los controles parlamentarios que deben funcionar si se toma en serio que esto es una “verdadera reforma del sistema de defensa nacional”. Es una decisión unilateral e improvisada que, lejos de brindar mayor certeza a la ciudadanía, instala un clima de incertidumbre e implica una regresión democrática. Ni las FF.AA. ni la sociedad civil se sienten más seguras y protegidas por la democracia con este tipo de decisión unilateral, inconsulta y monopartidista.
Esta reforma abre una puerta muy peligrosa a la derogación del principio de demarcación entre defensa nacional y seguridad interior, desprofesionaliza y convierte a las FF.AA. en actores de la “lucha contra el crimen” y habilita una militarización de la seguridad interior que traerá consecuencias profundas para el sistema democrático. Esto no es modernizar sino retroceder.
*Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia.
**Centro de Estudios Legales y Sociales.
