A partir de hoy, los 400 empleados, asesores y personal jerárquico de la Anses afectados al programa de Proyectos Especiales creado por Diego Bossio tributarán a la devolución de fondos coparticipables a las provincias como foco de tensión interna entre un sector del gobierno nacional y Emilio Basavilbaso, preocupado por librarla del mote de “caja para financiar la política”.
Tarea que se presenta ardua para el actual director ejecutivo, ligado políticamente al jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La trabajosa negociación entablada con los gobernadores en medio de otra por la ley antidespidos, lo obligó a posponer el anuncio del pago de juicios a jubilados por la irregular liquidación de haberes y a un duro cruce con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por la viabilidad de la devolución de recursos a través del Fondo de Garantías Sustentable.
La interferencia del conflicto político sobre una noticia positiva puede repetirse luego de la revelación que efectúa PERFIL: diluye cualquier sutil diferencia del reparto de fondos con la de personal en otras dependencias y organismos, pero con salarios solventados por la Anses. Y deja al desnudo la compleja y ambigua relación entre oficialismo y peronismo por la ausencia de una fórmula estable de consenso para relacionarse con el sinuoso panorama de variantes en que se divide esa fuerza.
Tema de debate para la alianza Cambiemos, pero acicateado por las gestiones de Ernesto Sanz ante el jefe de los senadores del PJ, Miguel Angel Pichetto, y la conducción partidaria, José Luis Gioja y Daniel Scioli, en procura de un entendimiento global que incluya además al afín Bloque Justicialista en Diputados que conduce el sindicalista Oscar Romero y en el que se destaca la presencia de Bossio. Con límites, esas representaciones son sostenidas por los intendentes del Conurbano más predispuestos al diálogo con las autoridades nacionales y provinciales.
Aun cuando Basavilbaso aspire a que Jorge Triaca absorba en la plantilla y el presupuesto del Ministerio de Trabajo a los 200 que pertenecen y cobran de la Anses para reducir parte de los cuatro mil ingresos autorizados por Bossio en 2015, analiza con mayor detenimiento y delicadeza el trámite de un número muchísimo más reducido de agentes: cinco sobre ocho casos que llegó a tener el municipio de Almirante Brown, administrado por el intendente Mariano Cascallares.
Régimen especial. El régimen laboral más bien laxo de la Anses es, de forma paradójica, la razón invocada allí y en el municipio para darle cauce racional a un asunto vidrioso. En especial por la aplicación de una cláusula que vuelve virtualmente innegable el permiso del organismo previsional para ocupar un puesto de mayor rango institucional.
Si es así, no deja de ser curioso que Leandro Batafarano, Andrés Vivaldo, Marcelo Latour, Fernando Lorenzo, Ariel Fernández, Miguel Farienza y Miguel Cervino pidiesen apelar a ella, pero con una significativa excepción: seguir percibiendo el salario desde la Anses, que en la mayoría de los casos triplica y hasta cuadruplica el que pagaría el municipio por los cargos que ocupan.
Los actuales jefe del Gabinete, secretario de Hacienda, secretario de Descentralización, subsecretario de Planeamiento, subsecretario de Modernización y asesores, como Cervino y Farienza, no superarían los 20 mil pesos mensuales contra los 60 mil en promedio que cobran de Anses: la retribución por el rango de director que tiene la mayoría es de 50 mil pesos netos, a los que se suma un 3% anual por cada año de antigüedad. En algunos casos rondan los veinte y en otros no es inferior a diez.
Vivaldo fue un adelantado en comprender la precaria legalidad que lo amparaba. Acaso por el frente judicial que atiende y que lo coloca entre uno de los potenciales citados a indagatoria por el supuesto manejo irregular de los fondos del programa Fútbol para Todos (http://www.perfil.com/elobservador/Un-eslabon-entre-Scioli-y-Futbol-para-Todos-20160429-0089.html), renunció a la Anses el 1º de febrero y con ello a un salario de 80 mil pesos.
No fue el único perjuicio luego de ventilarse ese vínculo: Cascallares resolvió privarlo de la firma para efectuar pagos en nombre del municipio en valores inferiores a 100 mil pesos sin autorización previa del intendente. La novedad no fue bien recibida por Vivaldo. Latour fue notificado de su baja la primera semana de abril.
Batafarano, Lorenzo, Fernández, Cervino y Farienza atraviesan una suerte de limbo administrativo. Con las licencias vencidas el 10 de mayo, el área de Recursos Humanos de la Anses tiene bajo estudio la extensión o su caducidad de acuerdo a fuentes del organismo. Algo, sin embargo, parece haber cambiado en las dos últimas semanas: en la última consulta para el cierre de esta nota la novedad es que Batafarano sería puesto en la disyuntiva de reincorporarse o renunciar.
En esa muy fina sintonía, Cascallares habría descubierto el carácter prescindible del mismo equipo al que convocó de la Anses. Dejó trascender que no opondría reparos a quienes elijan retener un salario que el municipio no puede equiparar. Sería el caso de dos de los cinco agentes con permisos caídos. Pero no precisaron si el criterio alcanza al jefe del Gabinete, cargo que un mes antes de ser intendente pensó en suprimir. De modo paradójico, la Anses podría ser responsable de un cambio de autoridades.
Pedido extraño. Para que la cláusula de licencias pudiese activarse fue preciso que el municipio pidiese en comisión a los agentes involucrados. En tren de ganar tiempo y darle viabilidad al trámite antes del 10 de diciembre, fue el antecesor de Cascallares, Daniel Bolettieri, quien cursó el pedido por nota a Bossio. Un paso vital del procedimiento ratificado por fuentes de la Anses.
Sin exhibir pruebas, Bolettieri aseguró recordar ante este periodista que la solicitud incluyó también a Cascallares. Los antecedentes obtenidos por fuentes del organismo dejan pocas dudas: el actual intendente ingresó como empleado en 2009 para ser designado de inmediato subdirector de Prestaciones y pedir entre 2011 y 2015 licencia sin goce de sueldo mientras fue presidente del Instituto de Previsión Social bonaerense. Un trámite similar al seguido por Katya Daura (ver recuadro).
Lo que vuelve una rareza que recién el 18 de abril enviase el telegrama de renuncia: esto es, a casi 120 días de haber asumido como intendente. Una instancia para la que casi se convierten en aliados, pero con roles invertidos: estuvieron a punto de inscribir en las primarias la precandidatura a intendente por el Frente para la Victoria de Bolettieri, ahora aliado de Sergio Massa en la alianza UNA.
En la indagatoria que prestó el 17 de mayo ante el juez federal de Lomas de Zamora, Jorge Di Lorenzo, el ex intendente pidió que cite a declarar a su sucesor en la causa donde está acusado del desvío de fondos educativos que giró en 2013 el gobierno nacional al municipio de Almirante Brown por los fiscales Maximiliano Callizo y Marcos Prezzini (http://www.perfil.com/columnistas/Peronismo-a-la-medida-de-Macri-20160326-0003.html).
Callizo y Prezzini actuaron de oficio a partir de declaraciones de Cascallares ese año a un sitio web en la campaña en la que se consagró concejal por el Frente para la Victoria: bajo esa condición aprobó la rendición de cuentas correspondientes a ese año que, según entiende Bolettieri, incluye los gastos cuestionados
*Periodista y analista político.
