Después de muchos años de andar a ciegas con respecto a las estadísticas oficiales en materia social, un nuevo Indec dio a conocer esta semana los niveles de pobreza e indigencia urbana correspondientes al segundo trimestre de 2016.
Según el organismo, 32,2% de los habitantes del país es pobre según el método de ingresos (una familia tipo no cubre una canasta básica alimentaria mensual de $ 12.489), dentro de los cuales el 6,2% son indigentes (la misma familia no llega a $ 5.175).
El 47,4% de los niños de 0 a 14 años y el 38,5% de los jóvenes entre 15 y 29 años son pobres de ingreso. Pero un dato no suficientemente destacado es que el 9,4% de los niño/as de hasta 14 años sufren de indigencia económica extrema.
Aunque las cifras –y obviamente el diagnóstico– son coincidentes con las del Observatorio de la Deuda Social, el método es diferente, incluso al que empleaba el Indec antes de la intervención de 2007.
En lo esencial, el nuevo índice ha elevado los umbrales de pobreza a favor de los pobres. Pero mucho más importante es que después de años de inflexible oscurantismo, el Estado ha vuelto a asumir la indelegable tarea de exponer a la ciudadanía los graves problemas sociales que atraviesan a nuestra sociedad, a partir de lo cual los gobiernos –éste o cualquier otro que lo suceda– puedan ser evaluados no por sus intenciones ni sus relatos de autocomplacencia sino por su capacidad efectiva de revertir esta situación. La magnitud del problema hace infecunda la discusión metodológica.
Los datos interpelan a las clases dirigentes y en particular al campo de la política. Qué hacer bajo la forma de políticas de Estado se constituye en imperioso. No sólo para atender la actual emergencia y bajar algunos puntos de pobreza, sino fundamentalmente para atacar los pisos estructurales de exclusión que los desmemoriados sectores dirigentes y las clases medias argentinas suelen alegremente relegar en momentos de exitismo
*Investigador del Conicet. UBA/UCA. Director del Observatorio Social de la UCA.
