La escuela es uno de los lugares donde más se discrimina en la Argentina. A su par están las comisarías y el trabajo. La discapacidad es uno de los principales motivos de discriminación en las escuelas. Lo dice el Mapa de la Discriminación que elaboró el Inadi en 2013. ¿Es posible una escuela “inclusiva” a la que vayan todos los chicos, incluso aquellos con necesidades especiales (sordos, con síndrome de Down, autistas, o con discapacidades mentales) con ese panorama? ¿Puede una ley cambiar esa realidad?
En estos días se inicia un debate que amenaza con profundizarse el año próximo, cuando el Congreso trate un proyecto de ley de la diputada y pedagoga Adriana Puiggrós, que provoca opiniones divididas. La iniciativa modifica de raíz la Ley 24.901 que rige el Sistema de Prestaciones Básicas a las personas con discapacidad. Es decir, cambia cómo se distribuirán los aportes de seguridad social a los discapacitados para que accedan a su derecho a la educación obligatoria.
“Martín estuvo en escuela común, integrado, desde el jardín y hasta los 12 años. Fue a escuelas importantes. Fueron años perdidos, repitió de grado, lo que fue vivido para él como un fracaso. La integración fue la peor etapa de su vida. La escuela común no está preparada para la integración, las maestras compiten con las integradoras. A Martín llegaron a decirle ‘el descerebrado’”. El testimonio, crudo, corresponde a Liliana Pérez. Su hijo tiene 20 años y se le diagnosticó TGD, un trastorno en el desarrollo, de origen neurobiológico, que se manifiesta habitualmente en los niños durante los tres primeros años de vida. Tras miles de consultas, pudo confirmar que no era autista y le dijeron que era un “borderline” que podía funcionar con integración en una escuela común. Años después, Liliana está conforme con la escuela especial a la que asiste hoy Martín. Reconoce que el establecimiento “no es perfecto, deberían darle más atención a la capacitación laboral”, pero “es lo mejor que pude encontrar para él”. Orgullosa, cuenta que el año próximo egresará y tendrá un título secundario oficial.
¿Escuela inclusiva? El proyecto de Puiggrós, quien no accedió a hablar con PERFIL, modifica la Ley de Prestaciones Básicas a las Personas con Discapacidad en los artículos 16, 17, 21, 22 y 25. Lo principal es que resuelve que los niños y jóvenes con cualquier tipo de discapacidad deben ser incluidos en el sistema de educación común, salvo aquellos que presenten “restricciones importantes en la capacidad de autovalimiento, higiene personal, manejo del entorno, relación interpersonal, comunicación, cognición y aprendizaje”, que pueden ser derivados a un “centro educativo terapéutico”, lo que algunos especialistas interpretan como erradicar la modalidad de educación especial centenaria en la Argentina.
Según fuentes parlamentarias, el proyecto podría no avanzar. La propia Puiggrós habría comprendido que escuchó sólo una campana, a los padres de los niños con síndrome de Down y autistas que reclaman esta reforma. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, recibió a escuelas, padres y docentes, que les llevaron 30 mil firmas oponiéndose a la medida y se habría comprometido a impulsar un proyecto de defensa de las escuelas especiales.
“Los centros educativos terapéuticos que proponen no son escuelas, sino centros de salud. Los chicos con discapacidades severas quedarían afuera de la educación obligatoria.
Esto es el cierre de las escuelas especiales”, dijo a PERFIL Carlos Marín, director del Instituto Los Angeles.
Los problemas de la integración. Las buenas escuelas especiales tienen edificios adecuados, grupos pequeños de no más de diez chicos por aula, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, médicos, 30% más de personal docente y no docente que las escuelas comunes, precisan los especialistas. “El 50% de la matrícula de las escuelas especiales está integrado por chicos que fracasaron en la integración”, según estadísticas del Grupo de Establecimientos de Educación Especial de Buenos Aires (Geeba). El problema no es sólo la falta de recursos, sino que muchas veces los directivos y docentes “no están capacitados o no pueden recibir a los chicos con necesidades especiales”, explica Juan Seda, profesor de Discapacidad y Derecho en la Universidad de Buenos Aires.
“En Capital hay 3 mil alumnos en las escuelas especiales; imagínense lo que puede ser integrarlos por ley a las escuelas comunes”, opina Andrés Reale, presidente de Geeba y director del Instituto Génesis, de Villa Crespo.
“A mí hay padres que me han increpado preguntándome de qué lado estoy, pero no todo es blanco o negro. Cómo no entender a los papás que quieren que sus hijos estén en una escuela común, pero ¿quién determina qué chicos pueden estarlo y quiénes no?”, apunta Seda.
Daniel Güercio, asesor del diputado Jorge Rivas, que acompañó con su firma la iniciativa de Puiggrós, explica el sentido de la reforma: “Entendemos que las personas con discapacidad pueden ser incluidas en el sistema educativo común con las estrategias necesarias que les permitan cumplir con las expectativas educativas”. Para Güercio, el proyecto, con dictamen de la Comisión de Discapacidad, se ampara en la Ley de Educación, la Resolución 156 del Consejo Federal de Educación y la citada Convención Internacional. “Hay escuelas con cuotas de entre los 6 mil y 10 mil pesos.
Desde el Estado cuidamos los derechos de los ciudadanos, hay gente que se opone al proyecto porque ve el tema como un negocio”, dice. “Lobby, puro lobby”.
