Mauricio Macri ya no ocupa el sillón de Rivadavia y ahora la Justicia avanza contra el ex presidente por la causa de Autopistas, en la que el anterior gobierno habría beneficiado a la compañía española Abertis —de la cual el Grupo Macri era accionista— en la renegociación de los contratos por Autopistas del Sol (Ausol) y el Grupo Concesionarios del Oeste S.A. (Acceso Oeste).
Es que, en este momento, el juez Rodolfo Canicoba Corral cuenta con un testigo clave: Carlos Balbín, el exprocurador del Tesoro que llevó adelante el caso durante la gestión de Cambiemos y por eso tuvo que renunciar al cargo que defiende los intereses del Estado. Como Balbín volvió a su puesto de juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, pudo brindar su declaración testimonial por escrito en la primera semana de diciembre.
El Equipo de Investigación de Perfil Educación tuvo acceso a la declaración de Balbín de fuentes judiciales vinculadas al caso y en este informe revela en exclusiva cómo fue el testimonio que complica a Macri.
En primer lugar, Balbín aseguró que la demanda de Abertis contra el Estado nacional por el congelamiento de las tarifas no debía prosperar al estar prescripto y que la empresa no cumplió los requisitos internacionales para demandar a la Argentina, porque antes de pasar por el tribunal arbitral Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), primero debía pasar por los tribunales argentinos.
“La República Argentina y el Reino de España manifestaron su consentimiento en someter ciertas controversias al arbitraje internacional en términos expresos y claros. Esos términos incluye el cumplimiento de una serie de requisitos jurisdiccional, los cuales se encuentran establecidos”, sostuvo Balbín en su declaración testimonial a la que accedió el Equipo de Investigación.
Según la documentación que presentó ante Canicoba Corral, Balbín planteó que Abertis no cumplió con las reglas establecidas porque debía iniciar una demanda en el país antes de acudir a un tribunal internacional. “La Demandante —declaró el exprocurador— admite no haber sometido esta controversia a los tribunales locales previo a someterla al arbitraje”. Además, declaró que “la Demandante afirma que recurrir a las cortes argentinas resultaría en una situación de ineficacia e inequidad y que le generaría a la Demandante gastos adicionales”. Por eso, Balbín aseveró que “el argumento de la Demandante cae irremediablemente” sobre este último punto.
El conflicto empezó en diciembre de 2015, cuando Abertis demandó a la Argentina ante el CIADI por retrasos tarifarios en las autopistas por un congelamiento de los peajes en 2002, a causa del estallido social de aquel entonces. En ese entonces, Abertis todavía era socia de Sideco, perteneciente a la familia Macri, en Ausol, la concesionaria del acceso norte. En 2018, el gobierno de Cambiemos renegoció los contratos de concesión de las autopistas de Acceso Oeste y Acceso Norte con Abertis.
Por el acuerdo, el anterior Ejecutivo sostuvo que se habían ahorrado más de US$ 2.300 millones porque se evitó que prosperara la demanda ante el CIADI. Sin embargo, Canicoba Corral busca determinar si en verdad se benefició a la compañía por haber sido socia de la familia del expresidente. Como reveló el Equipo de Investigación en octubre pasado, al menos cinco ex empleados de la familia Macri se convirtieron en los funcionarios de Vialidad Nacional que trabajaron en este acuerdo.
“Con posterioridad a que dejé la Procuración del Tesoro, tomé conocimiento de que el Estado nacional había suscripto acuerdos de renegociación con las empresas concesionarias vinculadas a esta disputa”, dijo también Balbín en su declaración judicial. El Equipo de Investigación se comunicó con Balbín, pero el juez se negó a dar declaraciones.
Por otro lado, en la declaración de Balbín también se puede observar cómo fue su estrategia de representación en la defensa del Estado argentino frente a Abertis. “Presenté una Solicitud de Bifurcación”, dijo Balbín. Entonces, detalló: “Sostuve que correspondía que en dicho juicio arbitral se separasen la etapa de jurisdicción y la de fondo, de modo que el tribunal resolviese en primer término si era o no competente y, luego, solo en caso de que aceptase su jurisdicción (y competencia) avanzase con el debate y resolución de la cuestión de fondo. Así pues, si el tribunal aceptaba el planteo preliminar sobre la falta de jurisdicción debía darse por concluido y archivado el proceso (bifurcación)”. Además, Balbín afirmó que “los documentos presentados, en algunos casos, no pudieron ser analizados en forma completa pues no eran del todo legibles”.
Una investigación del diario PERFIL demostró que luego de la renuncia de Balbín, el Gobierno tomó una postura diametralmente diferente ante el caso. La familia Macri vendió sus acciones de Ausol, el gobierno de Cambiemos acordó con Abertis la renegociación de los contratos de los accesos norte y oeste, y le reconoció la deuda de US$ 747 millones. A cambio, Abertis retiró su demanda ante el CIADI y se comprometió a realizar obras de infraestructura en las autopistas.
Pero otro de los puntos presentados por Balbín en la declaración a la que accedió el Equipo de Investigación es que la demanda no podría haberse ni siquiera llevado a cabo porque Abertis se excedió en el plazo a presentar su denuncia porque ya habían pasado más de diez años. “Si el inversor extranjero no presenta su reclamo dentro de un período razonable de tiempo incurre en aquiescencia y además se produce la extinción del reclamo por aplicación de las reglas de prescripción extintiva y liberatoria bajo el derecho internacional”, sostuvo el exprocurador ante Canicoba Corral.
Por otra parte, al expediente judicial se le sumó la declaración del exdirector del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Gustavo Gentili, quien aseguró que Autopistas del Sol se acogió a la ley de blanqueo de capitales que el gobierno anterior sancionó para legalizar dinero que no se había tributado.
En cuanto a los dichos de Gentili, que fueron revelados por el diario Página12 el miércoles de la semana pasada, también forman parte del expediente judicial de Canicoba Corral. Allí ratificó “cada uno de los documentos” que se firmaron cuando presidía el Occovi y que se reconocían US$ 500 millones por supuestas obras no amortizadas. “Sospecho que Ausol utilizó el mecanismo conocido como 'back to back'. Por ejemplo, yo deposito plata en el JP Morgan y después, el JP Morgan me presta esa misma plata. En realidad, es mi plata que yo la coloco a un excelente interés. Pero en este caso, Ausol es sólo un gestor, porque el dinero que entra es de los usuarios que pagan peaje”, le dijo Gentili a la periodista Sofia Caram.
Además, Gentili detalló como la evasión impositiva ocurrió tanto en Argentina como en España, a partir de la controladora de Ausol: Abertis. Según el ex funcionario, Ausol decía que en nuestro país se contrataban capacitaciones y luego dibujaba los números para no tributar, mientras que Abertis imitaba la maniobra porque en España las empresas obtienen beneficios si exportan conocimientos. Sin embargo, nunca se realizaron tales capacitaciones.
El fisco español descubrió que nunca se hizo una supuesta formación por videoconferencia de un costo de US$ 147 millones y que Abertis utilizaba esa capacitación para disminuir el pago de impuestos. Según la documentación presentada por Gentili, en total serían US$ 800 millones que se habrían pagado por capacitaciones que nunca se realizaron.
El Equipo de Investigacion es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.
