La justicia está, cada vez con más intensidad, en los primeros lugares de la agenda pública. La inseguridad, la corrupción, la impunidad, la penetración del espacio judicial por actores que la Constitución no prevé, los tiempos judiciales, etc. En fin, muchas dimensiones de un problema que lo sufrimos todos, porque la crisis judicial se extiende desde la percepción de quien teme subir al transporte público en la madrugada, hasta aquel que necesita que el sistema de justicia resuelva una millonaria disputa contractual.
Sin embargo, basta repasar los medios de comunicación masiva para chequear que las autoridades en las que se objetivan las instituciones del Estado y la propia sociedad civil no reaccionan de manera organizada frente a un problema que afecta una cuestión central de la apuesta democrática. En efecto, cuando decidimos vivir organizados en base a derechos, aceptamos que el Estado expropie nuestra chance de ejercer la venganza frente a agresiones de terceros. Nosotros toleramos que el poderoso Estado, que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, tome nuestras ofensas y las juzgue a través del sistema judicial en base a una ley común. Esa mediación de la ley y de la justicia, es un insumo vital para el trabajo de organizar la convivencia social. Pero en nuestro país la justicia funciona mal y no percibimos los ciudadanos un debate público a la altura del problema. Tan solo vemos quejas testimoniales o discusiones menores demasiado ligadas a la contingencia cotidiana.
La pregunta es obvia ¿no hay debate porque a nadie le importa? Intuyo que no. En Injusticia (Ariel 2018) desarrollé las razones por las que la justicia “realmente existente” es así. Básicamente, sostuve que el formato judicial es muy remunerativo para sectores sociales que logran obturar las reformas culturales, legales e institucionales necesarias para tomar el toro por las astas.
De acuerdo con Oscar Oszlak, una política estatal es un conjunto de acciones y omisiones que revelan un modo de intervención del Estado con respecto a una cuestión de interés en actores de la sociedad civil. Ningún estado puede atender todas las demandas sociales, por eso es crucial la puja de las personas y grupos para que el foco estatal se coloque en alguna de las “cuestiones” que circulan por el espacio social. Por es de vital importancia prestar atención a las acciones del Estado y a sus omisiones, porque no colocar un tema como “cuestión de interés”, significa muchas cosas. Entre otras, quiere decir que negar o invisibilizar un tema no responde a la casualidad, sino a concretas relaciones de poder que obturan un cambio.
El caso “D’Alessio” condensa casi todos los males que aquejan a la justicia: uso particular de la cosa pública, intervención en el sistema judicial de terceros que nada deberían hacer allí, penetración brutal del cripto estado en las relaciones sociales, el uso de la ley como arma y la porosidad de nuestras instituciones. Directa o indirectamente todos los poderes del Estado están afectados por el caso. Veamos. Jueces de la Corte Suprema de Justicia víctimas de un posible espionaje; el Procurador General de la Nación porque el Ministerio Público Fiscal es parte del caso; el Poder Ejecutivo debido a la sospecha sobre los servicios de inteligencia; El Congreso de la Nación, porque su intervención fue provocada por el juez del caso, Alejo Ramos Padilla. Pese a ello, la “cuestión judicial” no fue tomada por el Estado en toda su dimensión. Las acciones de las autoridades mencionadas es posible que se ajusten a la formalidad jurídica desde el ángulo de los abogados, pero de ninguna manera esas acciones alcanzan el grado de una “política estatal”.
Ello significa, palabras más palabras menos, que es necesario generar las condiciones sociales para que ese interés público se convierta en una política pública. Para ello, es preciso organizar desde la sociedad civil la energía dispersa -que es mucha- y articularla en una amplia gama de interacciones cuyo objetivo común sea colocar nuevamente a la justicia bajo las dimensiones de la Constitución Nacional. Ese trabajo de articulación yace sobre las espaldas de los funcionarios públicos en general, pero también de los ciudadanos. En particular, de los colegios de abogados y de las universidades que son una gran fuente de ideas. Sobre todo, las casas de estudio, pues destilan una frescura capaz de sacudir a las instituciones, como lo hacen esos vientos que en el ocaso de los días calurosos nos abrazan y nos devuelven la posibilidad de respirar aire renovado en medio del agobio de esos intensos días de verano.
La justicia está agobiada y con ellas los derechos. Pero sin una justicia relativamente justa y sin derechos que realmente operen en la materialidad, la vida en sociedad se vuelve un sueño lejano.
