Parecía que sí. Que a Cataluña le daría la nafta. Que, después del polémico referéndum y la tremenda represión del 1-O, sus autoridades por fin declararían la independencia en forma unilateral. Que el orgullo nacionalista prevalecería sobre los cálculos políticos y los peligros económicos. Que el procés catalán entraría en una nueva fase: la del choque frontal e irreversible con el Estado español.
Pero no. Carles Puigdemont, el presidente conservador de la Generalitat, “asumió” el triunfo del Sí en las urnas, pero de inmediato propuso al Parlamento dejar en suspenso la declaración de independencia y pidió negociar al gobierno de España. La pelota regresa al campo de Mariano Rajoy. El presidente español recupera la iniciativa. La dirigencia independentista catalana se enrieda otra vez en un reclamo de diálogo que, hasta ahora, jamás fue oído por Madrid.
¿Es Puigdemont un cobarde, como dicen ahora los sectores de izquierda de la coalición independentista? Puede que sí; aunque motivos para temer no le faltan. Tras el 1-O, poderosas fuerzas políticas, económicas y sociales que se oponen al proyecto secesionista le mostraron los dientes al (relativo) triunfo del Sí.
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Rajoy probó estar dispuesto a reprimir a mansalva e, incluso, a intervenir la autonomía catalana llegado el caso. El rey Felipe VI dio su primer mensaje televisado a la nación para acusar de traición a la Generalitat. Grandes empresas se fugaron de Cataluña por el pánico a la secesión. La Unión Europea hizo caso omiso de la consulta popular. Miles de catalanes unionistas y españoles de otras comunidades autónomas se manifestaron por el No en las calles.
Y, sobre todo, el referéndum no fue ni de cerca suficiente. La dirigencia catalana apostó todo al clamor de las urnas. Pero, al igual que en el Reino Unido con el Brexit o en Colombia con las FARC, el recurso plebiscitario –tentación cada vez más habitual para líderes de distintas latitudes y diversos pelajes políticos– mostró sus límites para zanjar una cuestión tan profunda y compleja como la ambición independentista.
“Una decisión que no es precedida por un marco de discusión e información amplísimos previos pierde validez y fuerza –decía la semana pasada a PERFIL el profesor Roberto Gargarella, doctor en Derecho y académico especialista en democracia y filosofía política–. Muchos gobiernos quisieron utilizar referéndums para relegitimarse con elecciones que asumían ganadas, y se despreocuparon por esos dichos debates previos. El proceso catalán también pecó en términos de inclusividad”.
Pecó a tal punto que el 58% de los catalanes no fue a votar el 1-O.
