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A un año de gobierno de Evo: reformas con costos políticos

A punto de cumplirse el primer anivesario de Evo Morales como presidente del país altiplano, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) intentó imponer una transformación estructural de Bolivia, sin embargo se vio obstaculizado por intereses foráneos, además del descontento de los dirigentes de las provincias ricas de oriente, que constamente atentaron contralas políticas nacionalizadoras del oficialismo.

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La Paz - El gobierno del indígena Evo Morales, que llega a su primer año, ha estado marcado por su voluntad de impulsar grandes reformas estructurales pero a un enorme costo político por las confrontaciones continuas que se han creado frente a la oposición y las regiones más ricas del país.

Morales, quien llegó a la presidencia el 22 de enero pasado con un 54% de los votos, ha mostrado dos facetas: la del político que cumple con sus promesas pero igualmente la del dirigente que recurre a una dialéctica por lo general virulenta contra sus opositores y grupos sociales afectados por sus reformas.

En su primer año de gestión, Morales alcanzó un éxito aplaudido de manera unánime, cuando recuperó para el Estado los hidrocarburos, firmando para ello contratos con una decena de multinacionales que tenían el control sobre ese recurso. En cambio generó fricciones cuando puso en marcha la reforma agraria -en un país en que sólo el 5,7% de la tierra cultivable está en manos de los pueblos originarios- y en la instalación de la Asamblea Constituyente.

Esta última, justamente, se convirtió en el símbolo del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, y entre una concepción indígena y andina y la de los departamentos ricos y de población blanca de los valles del oriente del país. En la Asamblea Morales trató de imponer la mayoría de su partido para aprobar a su medida la nueva Constitución, lo que ha valido protestas que no han permitido que hoy en día, cinco meses después de su instalación, ésta comience a trabajar.

Morales "optó por la vía más difícil, la confrontación" lo que le impidió "sumar a la gente que no votó por él", dijo a la AFP la diputada opositora Roxana Sandóval. "Nos está confrontando a los bolivianos, entre sectores y regiones", deploró el legislador opositor Michiaki Nagatani, ex candidato presidencial, quien sin embargo ensalza la gestión del presidente "por haber retornado los hidrocarburos al Estado y haberlo potenciado".

En cambio el jefe de la bancada parlamentaria del oficialista MAS, César Navarro, destaca que el gobernante indígena ha producido "una consolidación jurídica del proceso de transformaciones". Ante la debilidad política de la derecha y la centroderecha, el núcleo de la protesta ha corrido por cuenta de cuatro de los nueve departamentos del país, que han incrementado sus acciones para obtener autonomía económica del poder central de La Paz.

La batalla más dura para Morales se libra contra los gobernadores opositores y con organizaciones cívicas de las regiones proautonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Bajo el argumento de que "fragmentará territorialmente el país", el jefe de Estado se opone a la implantación de una autonomía política y administrativa.

El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el principal líder cívico de esa región, Germán Antelo, organizaron multitudinarias concentraciones populares para enfrentar a Morales y mostrarle que llevarían contra viento y marea a cabo la autonomía.

El primero de los cinco años del mandato de MORALES fue criticado en algunos sectores por su cercanía a los presidentes de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez.

Con ayuda de Cuba y Venezuela, Morales implantó un programa que apunta a alfabetizar a 1,5 millones de personas, en su inmensa mayoría indígenas, hasta 2008. El mandatario también ha desplazado 2.000 médicos cubanos a zonas rurales donde más de un millón de personas ha recibido atención gratuita, en un hecho sin precedentes.

Su cercanía con esos dos países contrasta con las fricciones frente a los Estados Unidos, en desacuerdo con su política de aumentar en más de 66% los cultivos de coca legal en el país. Morales, que todavía es jefe de los sindicatos cocaleros y se opone al narcotráfico, quiere industrializar la hoja de coca, tan denostada por Washington.

Según el analista independiente Carlos Cordero, Morales "ha logrado bajar el nivel de conflicto social aunque se ha incrementado el conflicto político". "Le ha dado al gobierno gobernabilidad y al país paz aunque ha habido algunos focos de violencia reducida a algunos territorios", dijo a AFP.

De acuerdo a Cordero, Morales ha exacerbado enconos raciales, en "sectores denominados de las clases medias urbanas que se sienten excluidas frente a ese lenguaje etnocentrista".