INTERNACIONAL
SE MANTIENE SU EXPULSIN POR 11 AOS

Absuelven a Baltasar Garzón en la causa de los crímenes del franquismo

Con el último caso cerrado, se termina el calvario judicial contra el prestigioso magistrado quien, sin embargo, no recuperó su investidura judicial.

Terminó la batalla legal. Las tres causas contra el juez Baltasar Garzón ya fueron cerradas.
| AFP

El Tribunal Supremo de España absolvió este lunes al juez Baltasar Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo, aunque no podrá recuperar su condición de magistrado tras haber sido expulsado de la carrera judicial por una condena anterior por unas escuchas ilegales.

Siete magistrados del Tribunal Supremo decidieron absolver al magistrado por seis votos a favor y uno en contra del delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es) por intentar investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo.

Garzón estaba acusado de infringir la ley de Amnistía votada por el Parlamento en 1977 al abrir una investigación en 2008 sobre las desapariciones de más de 100.000 personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-75), según consigna la agencia AFP.

Los magistrados consideraron que la decisión de Garzón de declararse competente para investigar los crímenes del franquismo fue "errónea", pero no constituyó un delito de prevaricación. El Tribunal Supremo considera que la finalidad perseguida por Garzón "aún cuando errónea en su realización (...), ha tratado de mejorar la situación de unas víctimas cuyo derecho a conocer los hechos y recuperar a sus muertos para honrarles es reconocido por la Ley de Memoria histórica", promulgada en 2007 para resarcir a las víctimas del franquismo.

"Sólo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas al Derecho (...) para investigar los crímenes masivos de desapariciones de personas", dijo Garzón el pasado 8 de febrero durante su juicio.

El Tribunal Supremo recordó este lunes que "no es posible en nuestro sistema procesal una actividad jurisdiccional de mera indagación sin una finalidad de imposición de una pena", por lo que es necesario la presencia de un hecho y un potencial acusado, y en la instrucción de Garzón todas las personas imputadas estaban ya muertas. La sentencia considera que "el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal", recuerda el Tribunal Supremo, afirmando que "difícilmente puede llegarse a una declaración de verdad judicial, de acuerdo a las exigencias formales y garantistas del proceso penal, sin imputados, pues estos fallecieron, o por unos delitos, en su caso, prescritos o amnistiados".

También considera que la ley de 1977 "en ningún caso fue una ley aprobada por los vencedores, detentadores del poder, para encubrir sus propios crímenes", sino "con el consenso total de las fuerzas políticas en un período constituyente surgido de las elecciones democráticas de 1977".

"Investigar torturas y 'desapariciones' no puede ser considerado un crimen", afirmó Reed Brody, portavoz de la organización Human Right Watch, quien cree que "el daño ya está hecho con la anterior condena de Garzón", que ha sido expulsado de la carrera judicial y no podrá volver a ejercer como juez.

El magistrado, de 56 años, conocido en el mundo entero por perseguir los ataques a los derechos humanos, fue condenado el pasado 9 de febrero a 11 años de inhabilitación en el juicio por escuchas ilegales en el marco del caso 'Gürtel', un veredicto que fulminó su carrera y por el que fue expulsado de la judicatura. En este caso, el ya ex-juez ordenó las escuchas entre los presuntos cabecillas la red corrupta conocida como 'trama Gürtel', que en 2009 salpicó a altos cargos autonómicos del Partido Popular y sus abogados al sospechar que los letrados participaban en operaciones de blanqueo de dinero.

La decisión de este lunes pone fin al calvario judicial de Garzón, después que el Tribunal Supremo decidiera hace días considerar prescrito un supuesto caso de corrupción por desestimar una querella contra el banco Santander que, junto a otras empresas, había financiado unos cursos que el exmagistrado había impartido en Nueva York.