Asesinatos. Torturas. Presos políticos. Detenciones arbitrarias. Las denuncias del Foro Penal Venezolano ponen los pelos de punta. La organización no gubernamental sostiene que desde que empezaron las protestas en abril murieron 133 personas, 4 mil resultaron heridas y 5.051 fueron detenidas. Además, reveló una lista de 620 presos políticos, certificada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, considera que el gobierno de Nicolás Maduro hace “una relación costo-beneficio” en relación con el cautiverio de los dirigentes opositores. “El beneficio del gobierno es excluir a los líderes de las protestas, para que baje la presión de la calle. Pero toda reclusión tiene un costo político. La presión internacional es alta”, opinó. —¿Cómo son sus condiciones de reclusión? —Son variadas. Hay presos políticos muy enfermos, que llevan incluso tres años presos, con medidas humanitarias solicitadas por la fiscalía general, como el caso de Freddy Ortega, que tiene un riesgo de muerte importante y está en una cárcel común. La mayor cantidad de presos políticos está en El Helicoide, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En Ramo Verde hay hacinamiento y las condiciones son malas. —¿La detención de Leopoldo López y posterior liberación de Antonio Ledezma forman parte de un proceso de negociación? —Ledezma es menos costoso que esté en su casa que en la prisión. Tiene un cáncer en la próstata. Seguramente le prohibirán que hable en público. Pasó igual con Leopoldo López. Lo sacaron de la cárcel para tener un canal de apaciguamiento. Pero obviamente él no asumió esa carnada, no hizo el papel que el gobierno quería y se lo llevaron. Hay que ver si lo liberan otra vez porque el gobierno busca acabar con esta crisis que creó la propia Constituyente. —¿Cree que Maduro cometió crímenes de lesa humanidad? —Definitivamente. Hay un plan sistemático evidenciado por el presidente, que instaló el Comando de Defensa de la Nación para atacar las manifestaciones. Impulsó un sistema de justicia militar para evadir las participaciones del Ministerio Público. No es sólo un patrón, sino una política diseñada y ordenada por el presidente. Desde abril, aumentaron los asesinatos y detuvieron a 5.051 personas en manifestaciones.
