Allanan la casa de Lula y lo llevan por la fuerza a declarar

Desde Brasilia
Brasil amaneció ayer sacudido por una bomba política. A las seis de la mañana, la Policía Federal allanó la casa de Luiz Inácio Lula da Silva en São Bernardo do Campo, en el estado de San Pablo, y llevó al ex presidente a declarar por la fuerza ante la fiscalía en el marco de la investigación por corrupción conocida como Operación Lava Jato. Los investigadores buscan esclarecer si Lula recibió ventajas indebidas de empresas involucradas en un esquema de desvío de dinero a través de una red de sobornos en el seno de la estatal Petrobras.
Los fiscales responsables del Lava Jato sospechan que el ex mandatario adquirió un lujoso departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá y una propiedad rural en Atibaia, en el interior de San Pablo, por medio de pagos ilegales hechos por las constructoras OAS y Odebrecht, ambas envueltas en el escándalo del Petrolão. Según el Ministerio Público, Lula habría recibido cerca de 5 millones de dólares en concepto de donaciones (reformas en los domicilios y provisión de muebles) y otros 2,5 millones a través del pago de conferencias. “Aproximadamente 30 millones de reales (unos 8 millones de dólares) entre conferencias y donaciones fueron puestos por grandes constructoras a su disposición –denunció el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, en una conferencia de prensa en Curitiba–. Los favores son muchos y difíciles de cuantificar”.
Los investigadores no sólo aseguran que existen evidencias suficientes de beneficio personal: también apuntan a Lula como el beneficiario político de todo el esquema de corrupción. En el clima enrarecido tras los hechos de ayer, todo el arco político se pregunta cuál sería la repercusión social de una eventual prisión formal del ex presidente.
En las oficinas de la Policía en el aeropuerto de Congonhas, dos fiscales interrogaron durante tres horas a Lula, acompañado de tres abogados. En el hall del edificio, partidarios y opositores del Partido de los Trabajadores (PT) protagonizaron escenas de violencia, como también había ocurrido unas horas antes frente a la casa de la familia Da Silva.

Golpeado. “Me sentí un prisionero”, confesó Lula tras su declaración, en una conferencia de prensa que brindó en la sede del PT. Visiblemente disgustado, acusó una vez más a la elite brasileña de perseguirlo para impedir que los pobres “lleguen al piso de arriba”. Aludiendo a las filtraciones del Lava Jato en la prensa, lamentó que algunos medios tuvieran acceso a las declaraciones de testigos antes incluso que los abogados, y le apuntó a “una parcela del Poder Judicial brasileño, que trabaja en asociación con la prensa” con objetivos políticos.
Casi al borde del llanto, Lula se lanzó al contraataque: “A los que hicieron esto hoy conmigo les digo que construí esto levantándome a las tres de la mañana, haciendo asambleas en puerta de fábrica, haciendo actos en paradas de ómnibus. A partir de la semana que viene estaré recorriendo este país junto a los movimientos sociales, en lucha contra ellos”.
La Operación Aletheia (búsqueda de la verdad) movilizó a 200 agentes federales y treinta auditores fiscales para cumplir mandatos en Río de Janeiro, San Pablo y Bahía, con el objetivo de reunir pruebas contra el ex mandatario. Da Silva aseguró que la coerción para llevarlo a declarar era innecesaria y apuntó explícitamente al juez Sergio Moro, al mando del Lava Jato en Curitiba, de “utilizar la soberbia, la arrogancia, el espectáculo pirotécnico y el show mediático antes que la investigación seria”.
Lula había dicho semanas atrás a sus seguidores que el Lava Jato lo tenía como blanco principal, en especial desde que comenzó a sugerir la posibilidad de candidatearse para 2018. Para el Palacio de Planalto, la operación contra Lula responde a una estrategia de acorralar al gobierno. La salida de José Eduardo Cardozo del Ministerio de Justicia días atrás fue interpretada por los investigadores como un intento de interferir en las pesquisas de la Policía Federal. La acción contra Lula tendría el sentido de reafirmar ante el gobierno que la Operación Lava Jato no se detendrá