El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, quedó esta semana en el ojo de la tormenta al recibir la investigación sobre el Rusiagate y enviar un breve resumen de cuatro carillas al Congreso, tomando la decisión de no publicar el informe final, que, según el presidente Donald Trump, lo “exonera totalmente” y señala que no hubo colusión con el Kremlin durante la campaña presidencial de 2016. Ante la andanada de críticas, Barr, un jurista que se había expresado en contra de la instrucción de la causa antes de asumir la cartera de Justicia, informó que girará “a mediados de abril” una versión editada de la investigación. “Nuestro progreso es tal que estaremos en posición de hacer público el informe a mediados de abril, si no antes”, dijo Barr en una carta dirigida a los presidentes de los comités judiciales del Senado y de la Cámara de Representantes, el republicano Lindsey Graham y el demócrata Jerrold Nadler, respectivamente. “Todo el mundo podrá leerlo por su cuenta”, agregó, en referencia a las conclusiones que le presentó por escrito el fiscal especial Robert Mueller. Barr explicó que las pesquisas de Mueller concluyeron que nadie de la campaña de Trump ni el propio mandatario conspiraron con las autoridades rusas en los comicios presidenciales de 2016 para perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton. En su carta al Congreso, dijo que se editará la información que crea que “compromete potencialmente a las fuentes y los métodos” de la recopilación de información o lo que “infrinja indebidamente la privacidad personal, los intereses y reputación de terceros”. El anuncio de Barr llega después de que miembros del Senado y la Cámara baja, mayoritariamente demócratas pero también algunos republicanos, pidieran la difusión completa del informe, que generó mucha expectativa en Estados Unidos. Los líderes demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, reclamaron el informe “completo” y los documentos subyacentes para que los comités puedan continuar con su trabajo “independiente”, incluyendo la supervisión y la legislación para abordar cualquier problema que plantee la investigación. Pelosi y Schumer acusaron a Barr de tener un “historial público de sesgo” contra la investigación de Mueller, por lo que señalaron que “no es un observador neutral y no está en condiciones de hacer determinaciones objetivas sobre el informe”. El propio Trump afirmó que no le “molestaría en absoluto” que se divulgase el informe completo, aunque subrayó que la decisión de publicarlo era de Barr. Antes de asumir en reemplazo de Jeff Sessions, Barr se había expresado públicamente en contra de la investigación. “La hipótesis de Mueller sobre la obstrucción a la Justicia está mal concebida. Según yo lo entiendo, su teoría se basa en una innovadora pero legalmente insostenible lectura de la ley”, opinó. Barr, ferviente militante republicano, trabajó en la CIA durante cuatro años en la década de los 70. Fue fiscal general entre 1991 y 1993, durante el gobierno de George Bush padre. Duro con la inmigración, siempre fue un controvertido funcionario público. En el pasado, defendió la prohibición de entrar en Estados Unidos a extranjeros con el virus del VIH y dijo que la cárcel de Guantánamo era un buen lugar para recluir a los refugiados haitianos que buscaban asilo en Estados Unidos. Ahora, Barr volvió a los primeros planos en Washington, al convertirse en el hombre elegido por Trump para sepultar la amenaza del Rusiagate.
