Mediante un decreto, la única jueza del Tribunal Constitucional de Bolivia, Silvia
Salamé, instó a la Corte Nacional Electoral a paralizar el referéndum revocatorio previsto
para el 10 de agosto hasta que la Justicia determine su constitucionalidad.
La magistrada informó que aprobó un decreto que instruye al órgano electoral que no continúe
con el proceso de la consulta "
hasta que el Tribunal Constitucional diga si es correcto o no que la Corte Electoral haya
rechazado el recurso legal presentado por el diputado Arturo Murillo", del opositor Unidad
Nacional (UN).
La decisión de la jueza provocó una reacción casi inmediata por parte del
gobierno de Evo Morales, que la calificó de “cantinflada” y adelantó que no
acatará la medida. El ministro de Defensa, Walter San Miguel, sostuvo que la sentencia de
Salamé “mancilla el honor de la abogacía en su intento de parar el voto del pueblo", informó
el diario
Los Tiempos
.
Mientras tanto,
los prefectos opositores de la "medialuna ampliada" celebraron la decisión de la
jueza y anticiparon que ahora corresponde a la CNE dar cumplimiento a la suspensión,
debido a que las decisiones del Tribunal son inapelables e irrevisables.
"
Estamos viendo que en el país todavía existe Justicia. Que el TC, aunque con una
sola magistrada en funciones, en base a toda la jurisprudencia que se tiene, paralizó el referéndum
revocatorio atendiendo los recursos presentados por el diputado Murillo y obviamente el nuestro",
manifestó el prefecto de Cochabamba,
Manfred Reyes Villa.
La decisión de Salamé generó, sin embargo, una fuerte polémica entre juristas y
constitucionalistas. El analista político Jorge
Lazarte calificó de “confusa” la decisión de la jueza porque el
Tribunal Constitucional requiere como mínimo tres vocales para emitir una resolución.
"Pongo en duda que tenga efecto jurídico", precisó Lazarte, mientras que el
ministro de Defensa Legal del Estado,
Héctor Arce, dijo que el anuncio de la magistrada
"es una opinión sin ninguna atribución, apartándose de la ley". Arce agregó que
eso preocupa al Gobierno y que
de ninguna manera se suspenderá el referéndum porque está respaldado por una ley
aprobada en el Congreso Nacional.
El referéndum revocatorio
fue propuesto por Evo Morales en diciembre del año pasado, y fue casi
inmediatamente refrendado por Diputados. La aprobación por parte del Senado llegó recién en mayo de
este año, cuando el proyecto se convirtió en ley. La consulta prevé ratificar o revocar los
mandatos del presidente, el vicepresidente Álvaro Linera y los nueve prefectos departamentales.