El futuro económico de Colombia después del rechazo a la paz con las FARC

Colombia despertó hoy en el limbo político tras la invalidación que recibió el acuerdo por el fin de conflicto con la guerrilla más antigua de nuestro continente. La oportunidad parece fraguarse entre las manos, pero los protagonistas de este importante capítulo de la historia colombiana han reaccionado adecuadamente: la guerrilla reaccionó rápidamente reiterando su voluntad de paz; el Presidente Santos definió una agenda que incluye a la oposición para encontrar una salida sostenible; y la oposición, en cabeza del ex Presidente Uribe, pidió protección para la guerrilla, llamó a corregir el acuerdo e invitó a la reflexión a la comunidad internacional. 

Económicamente hablando, tanto a nivel interno como externo, hay mucho en juego, comenzando por la marca-país, que encontró en el acuerdo con las FARC su oportunidad más excelsa para ubicarse como destino de preferencia para inversionistas, turistas y exploradores de oportunidades. Pero la marca, en pocas horas, tras los resultados, seguramente pasa al congelador para propios y extraños. En segundo lugar, se vuelve más preocupante la posible pérdida del grado de inversión de Colombia, no propiamente por el triunfo del “No” en el plebiscito, sino porque se suma como un factor más al desfavorable ambiente macro-económico que el país viene acumulando para aspirar a mantener el grado de inversión. Esencialmente se profundizará el insomnio del Gobierno para tramitar y lograr la aprobación de la Reforma Tributaria estructural, que requiere un gran apoyo político de diversos sectores. El Gobierno queda restringido no solo porque evidentemente pierde respaldo social sino porque el eje central del quehacer del Gobierno en los próximos meses tendrá que seguir siendo el acuerdo con las FARC cuando estaba previsto que fuera la Reforma, tan importante para la sostenibilidad del sistema fiscal colombiano.

La Reforma Tributaria estaba planteada para reducir la carga impositiva sobre las empresas y distribuir la carga entre un mayor número de ciudadanos y entidades que hoy no contribuyen al fisco de forma significativa. Para ello se consideró vehementemente incrementar el IVA en uno o dos puntos (hoy está en 16%).  Pero con este nuevo panorama en el que más de 6 millones de colombianos expresaron su desacuerdo con el Gobierno, parece más difícil que antes tramitar una reforma de espaldas a un gran sector de la sociedad. 

Nunca será clara la contribución de los empresarios, emprendedores y generadores de riqueza a la derrota del Gobierno en las urnas, pero es claro que estos sectores han tenido y tienen cierta resistencia al acuerdo con las FARC porque representa serios riesgos para ellos. El más sonoro, quizás, es el temor de empresarios que en el pasado pagaron extorsiones, liberaciones por secuestros y comisiones a la guerrilla y que, tras el acuerdo, pueden quedar al descubierto sin protección jurídica y física. También empresarios de diversos sectores han expresado su preocupación por la llegada de las FARC a la política, particularmente en regiones de Colombia con riqueza de recursos naturales, que podría traer como consecuencia el surgimiento de políticas públicas de procedencia ideológica extrema que impida el desarrollo de industrias como la minería, la exploración de hidrocarburos, la agricultura industrial, la agro-biotecnología, entre otras. Y finalmente la sombra de una guerrilla desmovilizada, sin armas pero con muchos recursos financieros -debido a que el acuerdo no estableció con claridad un mecanismo de identificación y reubicación de los dineros ilegales de las FARC- llenó de incertidumbre a los empresarios porque podrían dar origen a fenómenos como la corrupción política, la aparición de empresas de papel (que no existen en la realidad)y el fortalecimiento de mafias al servicio de productos y servicios ilegales (falsificación y contrabando, principalmente). 

Pero la esperanza de concretar el acuerdo con legitimidad política, se mantiene. El Gobierno y las FARC, y en consecuencia el país, han ganado más de lo que se ha perdido. El primero ha llegado, como ningún otro Gobierno del pasado, a la víspera de la paz. La guerrilla obtuvo una legitimidad política mundial nunca soñada, que incluso llevó a decisiones concretas de gran valor político, como la exclusión de la lista de terroristas de la Unión Europea. Y el país, en su conjunto, ha dado a lo largo del proceso una demostración al mundo de evolución política y social, incluyendo la jornada electoral de ayer, que sin duda es el mayor gesto democrático que una nación en conflicto haya alcanzado. 

El panorama no es desolador para la inversión extranjera y los sectores productivos que operan en Colombia. Se abrió una nueva etapa que trae oportunidades en el mediano y largo plazo para el crecimiento económico sostenible. El Presidente ha convocado a todos los sectores a analizar los resultados del plebiscito y definir una nueva agenda para concretar el acuerdo con las FARC. Esta agenda debería incluir todas las preocupaciones de los sectores productivos, para convertir a empresarios y líderes empresariales en aliados infalibles del acuerdo. Así mismo, el Gobierno tendrá que replantear el proyecto de ley para la Reforma Tributaria, el cual debería recoger las propuestas de los sectores productivos que permitan la tranquilidad fiscal del sistema y mantener consecuentemente el grado de inversión. 

El Estado por su parte, debe hacer más explícitas y tangibles las garantías para que los sectores productivos se revitalicen, mediante la estabilidad en las reglas de juego para la protección y promoción de la inversión -ahora más que nunca-, la protección física de la infraestructura de los sectores productivos vulnerables, la estabilidad en las tasas de interés, el fortalecimiento del crédito para pequeña y mediana empresa, y la implementación de programas específicos de apoyo a sectores económicos vulnerables (economía campesina, economía solidaria, emprendedores, etc) mientras se define una agenda más definitiva para estos sectores. 

Todos los analistas y sectores coinciden en que los principales indicadores de desempeño económico no se deteriorarán. El Producto Interno Bruto (PIB) terminará el año entre el 2.5% y 3.0%, la inflación no será superior al 7% anual y la tasa de cambio se ha mantenido estable en los últimos 6 meses. Además, Colombia se ha consolidado como un destino preferente de inversión extranjera, pese a que en el 2016 los flujos de capitales del exterior se redujeron en un 30% por la caída del precio del petróleo y la desaceleración de la economía global.  Todos factores, sumados a la madurez política a lo largo del proceso y tras la jornada democrática del domingo, mantienen a Colombia en un nivel diferente al de sus vecinos andinos, al menos.