El presidente Michel Temer atribuyó ayer las acusaciones del empresario Joesley Batista a una represalia por medidas de su gobierno que habrían perjudicado sus negocios. En un comunicado, afirmó que la decisión de impedir que JBS trasladara su domicilio fiscal a Irlanda le causó millonarias pérdidas y le impidió evadir al fisco brasileño. Y adelantó que mañana lo demandará penal y civilmente por dañar su reputación.
Según el mandatario, esas acusaciones supuestamente infundadas le permitieron a Batista negociar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía que le garantizó el perdón de todos sus crímenes, que sumarían “2 mil años de prisión”, y salvar su fortuna. “El señor Batista es el criminal de mayor éxito en la historia brasileña. Consiguió enriquecerse con prácticas por las cuales no responderá y mantiene hoy su patrimonio en el exterior con el aval de la Justicia. Obtuvo el perdón por sus delitos y ganó un plazo de 300 meses para devolver el dinero de corrupción que lo hizo millonario, y con intereses subsidiarios”, afirmó Temer.
En su contraataque, el mandatario también acusó al ex presidente Lula. “Batista le imputa a otros sus propios crímenes y preserva a sus reales socios”, agregó, refiriéndose a los créditos blandos que recibió en 2005 y permitió que sus ingresos saltaran de 1.250 millones de dólares en 2007 a 57.187 millones en 2016.
Su respuesta formó parte de una calculada estrategia política y discursiva, mediante la que busca frenar los 18 pedidos de impeachment en el Congreso y la causa penal que tramita el Supremo Tribunal Federal (STF). En la última semana, les prometió a los gobernadores refinanciar las deudas de sus Estados y adjudicó 310 millones de dólares a legisladores aliados para sumar voluntades. Temer desempolvó la chequera para evitar su destitución.
