Escándalo de corrupción golpea al PP en España

La imagen de los políticos cae en picada en España entre una población que ve multiplicarse los escándalos de corrupción, de los que ahora es acusado el partido conservador en el gobierno, mientras sigue sumida en una crisis que muchos achacan a la connivencia entre las clases política y económica.

En una cita a una investigación judicial, la prensa española publicó esta semana que el extesorero del Partido Popular (PP, partido de derecha, en el poder) Luis Bárcenas tuvo 22 millones de euros en una cuenta en Suiza. Y el domingo, el diario El País aseguraba que es propietario, junto a otro extesorero del PP, de "una megafinca de cítricos que ocupa una extensión de 30.000 hectáreas" en la provincia argentina de Salta. Se refiere a La Moraleja, la gigantesca empresa de cítricos de la cual Bárcenas es accionista.

Según describe el diario El País, La Moraleja tiene un tamaño equivalente a 30.000 veces el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Dos días antes, el conservador El Mundo había afirmado que durante años Bárcenas pagó sobresueldos con dinero negro a dirigentes de la formación del jefe del gobierno Mariano Rajoy. Desde entonces, el tema de la corrupción copa páginas de diarios y tertulias de radio y televisión.

Consciente de la deslegitimación que provocan estas acusaciones, Rajoy aseguró que no le "temblará la mano" para castigar a los responsables de "irregularidades o de conductas impropias".

Insatisfecho, el líder de la oposición socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que su partido llevará el tema ante la justicia. Pero lo cierto es que el PSOE tampoco está limpio de sospecha: la justicia está investigando a exresponsables del gobierno socialista de la región de Andalucía (sur) por presunta malversación de dinero público destinado a ayudar a empresas en crisis, entre otros casos.

Según un sondeo realizado por el Instituto Dym y publicado este domingo por el diario ABC, tres de cada cuatro españoles piensa que la corrupción política está creciendo en su país y que la justicia trata mejor a los políticos que al resto de ciudadanos. Asimismo, nueve de cada diez pide que se endurezcan las penas contra los delitos de corrupción y que los partidos sean más duros con los acusados de malversación, suspendiéndolos de sus funciones.