Desde Caracas
Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela y cercana al chavismo, condenó ayer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el oficialismo, que despojó de competencias a la Asamblea Nacional (AN). “Sentencias como ésta constituyen una ruptura del orden constitucional… Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, respetando las diferencias”, dijo la magistrada.
Es la primera alta funcionaria del Estado que critica esos fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“El gobierno está fracturado por dentro, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo”, dijo este viernes Julio Borges, presidente del Parlamento, de amplia mayoría opositora.
El miércoles, el Supremo emitió una sentencia que inhabilitó al Poder Legislativo por estar en “desacato” al incorporar el año pasado a tres diputados opositores a la Cámara que eran impugnados por presuntas irregularidades durante su elección en el estado Amazonas (sur de Venezuela).
La medida, que anuló al Congreso, se trató sólo de una estocada. Un día antes, el máximo tribunal también había eliminado la inmunidad a los parlamentarios y concedido al presidente Nicolás Maduro poderes especiales en materia penal, militar, económica, social y civil.
Impacto. Pero las declaraciones de Ortega Díaz han tenido un alto impacto político en un país con la mayoría de los poderes públicos sujetos a las decisiones de Maduro.
La oposición se ha aferrado a estas palabras para exigir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a la Defensoría del Pueblo acciones contra el golpe de Estado.
“Ya la fiscal se manifestó: ‘las sentencias TSJ son una ruptura del orden constitucional’… La FANB no puede permanecer callada ante violaciones de la Constitución”, instó la alianza opositora Unidad Democrática en un comunicado.
Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial, dijo que la fiscal había dado un paso adelante al no seguir el “camino” del Ejecutivo de “romper el hilo constitucional”.
El chavismo disidente ha abandonado el silencio. El movimiento Marea Socialista, conformado por ex ministros y seguidores del presidente Hugo Chávez, se concentró ayer en la sede de la Fiscalía de Caracas para exigir que se deroguen las sentencias del TSJ.
“El pronunciamiento de la fiscal obliga al restablecimiento del hilo constitucional y una sanción a los transgresores. Opción: renuncia del gobierno, elecciones”, escribió el politólogo Nicmer Evans, militante de este grupo, en Twitter.
La oposición se ha atrincherado en las calles en defensa de la democracia. Los asambleístas han convocado a una sesión parlamentaria y una concentración para hoy en Caracas.
El diputado Borges no dio detalles de las marchas previstas para hoy, para no advertir al gobierno sobre “las acciones de calle”. Sin embargo, los adversarios del gobierno han protestado espontáneamente en distintos sitios de la ciudad.
Ante los reclamos, el régimen de Maduro ha respondido con un aumento de la represión. Los militares han detenido a dos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Rafael Oliveros y Rafael Alvarez, por protestar en la sede del Supremo, en el centro de Caracas. También han agredido a una docena de personas, entre ellas tres periodistas. Un día antes, un grupo de diputados de la Cámara había sido golpeado por manifestar frente a las puertas del Supremo.
Maduro negó que se haya quebrado el orden constitucional (ver recuadro) y acusó a los medios de comunicación de emprender una campaña en su contra, aunque muchas de las televisoras y radios venezolanas omitieron informar sobre el golpe de Estado.
En medio de las tensiones, la canciller Delcy Rodríguez suspendió un acto en apoyo a las decisiones del TSJ. No se informaron los motivos.
Pero el gobierno aseguró más temprano que “es falso que se haya consumado un golpe de Estado”.
“Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores, declarados abiertamente en desacato a las decisiones” del tribunal, señaló un comunicado de la cancillería.
