Desde Paris En guerra con el terrorismo, Francia empieza a acostumbrarse a las restricciones impuestas por el estado de emergencia adoptado tras los atentados del 13 de noviembre: chequeos de identidad y refuerzos de seguridad ya son rutinarios en estaciones de subte y trenes, aeropuertos, edificios públicos, grandes empresas, tiendas, teatros. La gente reacciona con serenidad y coopera activamente. Desde la semana pasada, restaurantes y bares sufrieron una abrupta caída de clientes. Por la noche, la gente prefiere permanecer en sus casas. Los teatros trabajan con media sala vacía, la asistencia a los cines disminuyó 50% y en la hotelería las anulaciones de reservas de turistas extranjeros oscilaron entre 70 y 80%. La única excepción a ese clima general de inquietud fue la gigantesca “movilización de vida” convocada por las redes sociales: anoche, exactamente a la misma hora en que comenzaron los atentados de la semana pasada, los parisinos expresaron su repudio al terrorismo con ruido, música, edificios totalmente iluminados y velas en los balcones. Pero, una vez terminado ese exorcismo, la capital volvió a sumergirse en un pozo de angustia y pesadumbre. Seguridad. La situación sin precedentes que vive Francia provocó una estampida del mercado de la seguridad privada. Y hay una fuerte demanda de empresas para instalar barreras de control, como en los aeropuertos. “Vamos a un sistema a la americana”, dice Claude Tarlet, presidente de la Unión de Empresas Privadas de Seguridad (UPPS). Por el momento, el estado de emergencia no afecta a la población. Sólo permite a la policía actuar invocando “presunción de delitos graves” sin necesidad de obtener autorización de un juez. El impacto más grande es en los límites del espacio Schengen, e incluso en las fronteras internas de Europa, donde se aplican controles más rígidos, tanto en los aeropuertos como en las autopistas internacionales. También empezaron a cerrarse puntos de entrada que utilizaban los inmigrantes. Ningún refugiado con pasaporte de Africa y Pakistán pudo ingresar a través de ellos. Los ministros de Interior y de Justicia de los 28 países de la UE acordaron ayer en Bruselas aprobar el intercambio del llamado Passenger Name Record (PNR), una ficha que conserva la traza de todos los desplazamientos en avión que realiza cada pasajero e incluso el tipo de alimentación que comió a bordo. La adopción de ese sistema estaba bloqueada por el Parlamento Europeo, inquieto por las amenazas a las libertades públicas. Ese veto podría desaparecer. La mayor víctima colateral de esa situación es Grecia, donde los migrantes que continúan llegando en forma masiva. El gobierno y las ONG lanzaron dramáticos mensajes de alerta ante una situación humanitaria que empieza a escapar totalmente de control.
