Analistas y economistas coinciden en que, gane quien gane las elecciones en Brasil, el día siguiente a la segunda vuelta del 26 de octubre abrirá paso a un giro ortodoxo en materia fiscal y monetaria. Durante la campaña, la candidata opositora Marina Silva dijo explícitamente que hay que recortar el gasto público y liberar el tipo de cambio. En cambio, la presidenta Dilma Rousseff mantuvo un discurso pro consumo popular y antimercados. Pero hay indicios de que las recetas que ambas aplicarían para combatir la inflación y alentar la inversión no son sustancialmente diferentes.
Durante el mandato de Rousseff, el Banco Central no logró mantener la inflación en forma sustentable por debajo de la meta de 4,5%. El real se mantuvo artificialmente fuerte para ayudar a contener la suba de precios. Los economistas críticos del gobierno advierten que, si el próximo gobierno no da un volantazo, Brasil podría perder su superávit primario en 2016.
“Habrá cambios importantes en la política económica, independientemente de quién gane –dijo a PERFIL el economista Dante Sica, director de la consultora Abeceb.com–. No se puede sostener esta inconsistencia entre una política monetaria astringente y una política fiscal expansiva. El próximo gobierno necesitará recuperar el crecimiento y la confianza inversora, y para eso deberá hacer ajustes. Si gana Dilma, el sector financiero va a estar muy atento al nuevo gabinete”.
En efecto, Rousseff ya adelantó que el actual ministro de Hacienda, Guido Mantega, no continuará en el cargo si ella gana los comicios. Según el diario Folha, en los últimos días los asesores económicos de la presidenta le recomendaron dar “señales concretas” a los mercados apenas termine la campaña, para evitar presiones sobre el dólar y la Bolsa.
El sector financiero reclama cambios en tres áreas puntuales: Petrobras, sostén de los subsidios al precio de los combustibles; Petrobras, sujeta a “interferencias” en la forma del control de precios; y los grandes bancos del país –Itaú-Unibanco, Banco de Brasil y Bradesco–, que también fueron objeto de intervenciones en los últimos cuatro años. En definitiva, a Dilma se le pide “disciplina fiscal”: ajuste del gasto público.
