Incertidumbre y división en Cataluña tras los comicios

El ex president de Cataluña Carles Puigdemont reclamó ayer una “reunión sin condiciones” con Mariano Rajoy en “Bruselas o en cualquier lugar de la Unión Europea”, un pedido que fue rechazado por el presidente español, que dijo que “hará un esfuerzo por mantener un diálogo”, pero “dentro de la ley”. El sainete político volvió a empezar: si el líder independentista vuelve a España, será detenido por la Justicia, que lo investiga por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Tras los comicios del pasado jueves, Cataluña vive un particular día de la marmota. La incertidumbre política de hoy es igual que la de ayer. Puigdemont quedó a las puertas de la Generalitat, pero la judicialización de la política y el juego de suma cero de ambos sectores podrían minar sus posibilidades.

“El señor Rajoy lo ha intentado todo menos una cosa, sentarse a hablar. Tiene una oportunidad magnífica de empezar a ponerse del lado de las soluciones y no crear así más problemas”, afirmó ayer desde Bruselas. La respuesta de Rajoy demolió cualquier negociación: “Yo con quien tendría que sentarme es con quien ha ganado las elecciones, con la señora Inés Arrimadas”.

Si bien fue la candidata más votada, la postulante de Ciudadanos no podrá formar gobierno en el corto plazo, ya que quedó lejos de los 68 escaños que conceden la mayoría absoluta en el Congreso. Sus rivales independentistas, en tanto, alcanzarán ese número si reeditan la coalición de la Legislatura pasada –Junts pel Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP)–, pero esa alianza tendrá que sortear obstáculos políticos y judiciales. Así, se abren tres escenarios complejos e impredecibles.

Mismo ‘Govern’. La opción más lógica sería que Puigdemont asuma el poder, pero su situación procesal podría frustrar su investidura. Además, los tribunales pueden complicar las chances de un nuevo gobierno independentista, ya que 17 de los diputados electos están bajo investigación, algunos de ellos presos, como el ex vicepresidente Oriol Junqueras, y otros en Bruselas. La sesión de investidura se realizará en febrero y su suerte estará marcada por las decisiones del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien instruye la causa por rebelión y decidirá si los diputados electos presos pueden acudir al Parlamento.

Sin Puigdemont ni Junqueras. Si no les otorga ese permiso, los líderes independentistas pueden renunciar a sus bancas, que serían asumidas por el siguiente candidato en sus respectivas listas. Formarían gobierno, pero con figuras de segunda línea.

Ciudadanos al poder. Es la posibilidad más remota. Si el independentismo no logra investir un candidato para abril, los constitucionalistas podrían tratar de buscar la mayoría simple suficiente para nombrar al próximo presidente o presidenta catalán. “No se puede dar nada por hecho. Vamos a ver qué pasa”, dijo ayer Arrimadas.

¿Habrá otra Declaración Unilateral de Independencia (DUI), una negociación inédita con Madrid o más inmovilismo? Nadie puede responder hoy esa pregunta. El veredicto de las urnas no es unívoco, aunque Puigdemont sostenga que “hay mayoría absoluta en votos y en escaños a favor de un referéndum”.

El derecho a decidir profundiza aún más la polarización de la sociedad, dividiéndola en dos partes irreconciliables: una que quiere ser independiente a toda costa, la otra que se reivindica tan catalana como española. Si se celebra un referéndum, pactado o no, un sector se impondrá para siempre al otro, por un estrecho margen, y se llevará todo, mientras que el perdedor se quedará sin nada.