Con la suma de Canadá como sexto país firmante, la Argentina presentó este miércoles su denuncia formal contra Venezuela para solicitar que se investigue la violación a los derechos humanos por parte de la Corte Penal Internacional, en los márgenes del debate en las Naciones Unidas. PERFIL accedió al documento que lleva la firma de los presidentes Mauricio Macri, Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia), Martín Vizcarra (Perú) y Mario Abdo (Paraguay) además del premier canadiense Justin Trudeau. El texto que refleja los argumentos por los cuales se apela al artículo 14 del Estatuto de Roma por el cual, por primera vez, un grupo de Estados demandan la investigación de otro de los adherentes al tratado internacional que dio vida a este tribunal de lesa humanidad.
El documento se presentó un día después que lo programado originalmente luego de largas negociaciones que se extendieron hasta última hora de ayer para sumar al estado norteamericano al documento. Desde un primer momento, el objetivo de los impulsores era nuclear a la mayor cantidad de adherentes posibles. No obstante, no todos los miembros del Grupo de Lima, el foro más duro a nivel sudamericano en lo que respecta a la situación de Venezuela y la responsabilidad de su gobierno en los hechos de violencia, aceptaron firmar la solicitud.
Entre los hechos que cita como fundamentos para demandar que la Fiscalía avance hacia una investigación formal figura el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2017, titulado Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela. Allí se relata un "deterioro progresivo de la situación de los derechos humanos" en el país.
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En paralelo, los gobiernos firmantes apelan al posterior relevamiento a cargo de un panel de expertos internacionales y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, divulgado el 29 de mayo de este año. El argentino Santiago Cantón formó parte de este grupo de especialistas al que no se le permitió ingresar al territorio, sino que debió basarse en audiencias en la sede de la OEA en Washington. En sus párrafos, se alude a secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes semejantes, "una acción sistemática contra jóvenes entre 15 y 30 años, a los que, sin justificación, se les detendría o llevaría fuera de sus casas para acusarlos de actos que no habrían cometido o asesinarlos aduciendo que opusieron resistencia".
El Gobierno de Maduro siempre negó tales cargos. Incluso llegó a acusar, en público, al uruguayo Luis Almagro, secretario general del organismo, de abonar una intervención armada sobre Venezuela en complicidad con los Estados Unidos. Desde el Grupo de Lima, siempre se ha rechazado esa posibilidad, aunque sí se han implementado una serie de sanciones dirigidas a diversos personajes del círculo de poder de Nicolás Maduro y el chavista PSUV a fin de presionar al Gobierno de Caracas en sintonía con los reclamos y acciones de Washington.
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Por último, la carta de denuncia presentada hoy hace mención al Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se basa en 150 entrevistas tomadas fueras de Venezuela ya que, al igual que la OEA, las autoridades nacionales le impidieron cruzar las fronteras. Los testimonios comprenden no solo a testigos, sino a un amplio números de representantes de la sociedad civil, desde periodistas a médicos, abogados y universitarios.
El 8 de febrero de este año, la Fiscalía de la CPI inició un proceso de investigación preliminar a partir de las acusaciones formuladas por la ex Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega, luego de salir de su país alegando que estaba siendo hostigada por el gobierno de Maduro. Entonces, los investigadores de La Haya se fijaron un horizonte que se remontaba a abril de 2017, para indagar en la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad. En el documento que presentaron la Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Canadá, se amplía el espectro temporal en el cual pudieron perpetrarse estos delitos hasta el 12 de febrero de 2014.
