Uno de los obstáculos en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se realizan en La Habana, es que las muertes y los secuestros del principal grupo guerrillero de ese país pueden ser considerados delitos de lesa humanidad; por lo tanto, no prescriben por el mero paso del tiempo y condenan a la cárcel a sus autores.
Lógicamente, los jefes de las FARC que negocian la paz con los funcionarios del presidente Juan Manuel Santos reclaman una suerte de amnistía general para este tipo de delitos; el problema para ellos es que los parientes y las víctimas están muy bien organizados, tienen una fuerte visibilidad en los medios y cuentan con el respaldo de figuras como el expresidente Álvaro Uribe.
En Medellín, capital del departamento (provincia) de Antioquia, la TV nos muestra un país muy distinto de Argentina, donde se considera que los delitos de lesa humanidad han sido cometidos sólo por los militares, policías y civiles que se apropiaron del aparato estatal durante la última dictadura. En Colombia han adoptado una interpretación más amplia, a tono con el Estatuto de Roma, que no distingue entre agentes del Estado y organizaciones político militares como las guerrillas. Y las víctimas de las guerrillas tienen tanta influencia pública como aquí las Madres o las Abuelas de Plaza de Mayo.
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Santos fue elegido presidente como delfín de Uribe, pero ahora están distanciados. Aunque tiene sus detractores, Uribe sigue siendo popular: fue elegido como el colombiano más destacado de la historia (obtuvo un tercio de los votos), por delante del propio Gabriel García Márquez, en una compulsa electrónica auspiciada por The History Channel, pero, para felicidad de Santos, ya no puede volver a ocupar el Palacio de Nariño, la Casa Rosada colombiana.
Santos no viene bien en las encuestas y está apostando al diálogo de paz con las FARC para salir a flote, con vistas a su reelección en los comicios del año próximo. En este sentido, amaga con satisfacer las principales demandas de las FARC. Esas conversaciones lograron un primer acuerdo, parcial, sobre la devolución de tierras arrebatadas a campesinos, pero ahora el tema es clave: la reinserción en la política de los guerrilleros, que se vuelve imposible si se mantiene la interpretación sobre la imprescriptibilidad de los delitos que pudieran haber cometido.
Las guerrillas han perdido terreno luego de los embates de los dos mandatos consecutivos de Uribe, pero aún controlan vastas zonas en la selva y en las fronteras con Venezuela y Ecuador, dos países donde tienen aliados políticos.
Prácticamente todas las fuentes aseguran que las FARC han reconvertido sus demandas socialistas originales y se han transformado ellas mismas en productoras y traficantes de drogas. Sus jefes siguen negando esas afirmaciones.
