La Procuraduría General de Colombia ordenó destitituirla como senadora e inhabilitarla por 18
años para ocupar cargos público, pero ella puede apelar antes de que decida el Consejo de
Estado.
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EFE
BOGOTÁ- La Procuraduría General de Colombia dispuso este lunes la destitución de la senadora Piedad Córdoba, quien facilitó junto al presidente venezolano Hugo Chávez liberaciones de rehenes de FARC, al acusarla de nexos con esa guerrilla. Ahora el pleno del Consejo de Estado deberá avalar la sanción, en cuyo caso la legisladora perderá su lugar en el Senado.
El procurador Alejandro Ordóñez decidió, además, inhabilitar políticamente a Córdoba por 18 años, en una resolución que podrá ser apelada hasta que se expida el Consejo de Estado. "Se logró establecer que en el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora", ésta "se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario" de secuestrados, señaló el organismo en un comunicado.
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Según la Procuraduría, Córdoba "dio información a ese grupo sobre asuntos diferentes con la liberación de secuestrados, entre ellos, donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos (provincias) colombianos". En un comunicado, la senadora -reelecta en marzo por el Partido Liberal- atribuyó el fallo a una "persecución política".
"Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el Procurador no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético", enfatizó. Además de acusarla de velar por los intereses del grupo subversivo, a través de arengas y declaraciones públicas, la Procuraduría dijo que la congresista "instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países".
"Se estableció con certeza que la senadora dio consejos a las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos", concluyó. La Procuraduría carece de competencia penal y sólo tiene alcance de justicia administrativa o disciplinaria. El vicepresidente Angelino Garzón declaró que aspira a que la senadora pueda "demostrar su inocencia para que dicha sanción no prospere".
La investigación se basó en documentos hallados en un computador del jefe guerrillero Raúl Reyes, abatido por las fuerzas militares colombianas en su campamento en territorio ecuatoriano en 2008. Además de su cargo de senadora, Córdoba integra el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, con el cual facilitó la liberación de 14 rehenes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunista) desde 2008.
En agosto de 2007, el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) nombró a la senadora y al mandatario venezolano Hugo Chávez como mediadores para un posible canje humanitario de rehenes de FARC por guerrilleros presos. Sin embargo, el propio Uribe puso fin a esa mediación meses más tarde.
En su papel de mediadora, Córdoba se reunió con Raúl Reyes, entonces número dos de FARC, e imágenes de ese encuentro fueron difundidas luego en los medios de comunicación. El Partido Liberal lamentó la decisión del Procurador, pese a que se declaró "respetuoso de las determinaciones de los órganos de control" y destacó que "las gestiones humanitarias de liberación de secuestrados contaban con la autorización del gobierno de ese entonces y el respaldo del liberalismo". El Procurador, que también la investigaba por sospechas de traición a la patria, señaló que la había absuelto de ese cargo.
