Desde Beijing
Cuando asumió la presidencia de China en 2013, Xi Jinping lo hizo con la promesa de “poner en caja al poder”. Cinco años después, la campaña anticorrupción en el interior del Partido Comunista es una de las principales y más discutidas iniciativas de su gobierno. Desde principios de este año, la “limpieza” dirigencial dispone de una nueva y poderosa herramienta: el liuzhi, un sistema de detención especial para funcionarios acusados de corrupción que habilita a tenerlos confinados e incomunicados en lugares secretos por hasta seis meses.
Las disposiciones del liuzhi quedaron bajo foco de atención esta semana luego de que las autoridades chinas confirmaran el arresto en su territorio de Meng Hongwei, jefe de Interpol y a la vez viceministro de Seguridad Pública de China. Meng está bajo investigación por presuntos actos de corrupción y se presume que le aplicaron las prerrogativas legales previstas en el liuzhi.
El liuzhi es un sistema de detención especial para funcionarios acusados de corrupción que habilita a tenerlos confinados e incomunicados en lugares secretos por hasta seis meses.
En marzo pasado, el gobierno chino puso en vigencia una nueva Ley de Supervisión Nacional que incluyó la creación de la Comisión Nacional de Supervisión (CNS), un nuevo ente con potestad para investigar a cualquier sospechoso de corrupción con cargos públicos, incluidos funcionarios y gerentes de empresas estatales. El organismo fue pensado como refresh y complemento de las tareas de la histórica Comisión Central para la Inspección de Disciplina, existente desde 1949.
Entre los poderes de la nueva comisión figura la aplicación del liuzhi, creado para reemplazar al viejo mecanismo de detención del shuanggui, cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos ya que habilitaba de facto detenciones arbitrarias, confinamientos solitarios e interrogatorios bajo tortura psicológica.
En los papeles, el liuzhi supone ciertas mejoras. Las detenciones tienen un límite de tiempo de tres meses, extensible por tres meses más. Las familias y los empleadores de los detenidos deben ser notificados dentro de las 24 horas. Y debe haber registro fílmico de los interrogatorios.
Las detenciones tienen un límite de tiempo de tres meses, extensible por tres meses más
Sin embargo, los detenidos no tienen garantías de acceso a abogados y sus arrestos también se llevan a cabo en “ubicaciones designadas” secretas. No está claro si en este punto se mantiene la práctica del shuanggui, bajo la cual los interrogatorios solían llevarse a cabo en albergues especialmente acondicionados para prevenir suicidios o fugas.
Tampoco existe supervisión externa o independiente efectiva sobre la conducta de los investigadores, que mantienen un poder discrecional sobre los detenidos. El requisito de que la familia y los empleadores sean notificados puede obviarse si dicho aviso puede “obstaculizar la investigación”. Y las filmaciones de los interrogatorios no están disponibles para los acusados.
“Ponerle una chapa de legalidad a un sistema de detención extralegal no lo hace menos abusivo –dijo Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch–. Los derechos básicos para los detenidos deben garantizarse en la legislación del liuzhi. De lo contrario, será simplemente el gemelo legal, pero no menos malo, de shuanggui. Y maltratar a los sospechosos probablemente obstaculice, en lugar de mejorar, la campaña para combatir la corrupción”.
Según cifras oficiales, más de un millón y medio de funcionarios chinos ya fueron investigados en el marco de la campaña anticorrupción. En el caso de Meng, el gobierno aseguró que “aceptó sobornos y es sospechoso de haber violado la ley”, aunque las autoridades no dieron mayores precisiones sobre los cargos que pesan en su contra.
