La llegada al poder de tres jóvenes reyes promovió hace poco más de una década la idea del cambio en el mundo árabe. Los relevos se dieron en países muy distintos, pero despertaron las mismas esperanzas: en 1999, en un lapso de cinco meses, Mohamed VI, Abdallah II y Hamad bin Isa fueron proclamados reyes de Marruecos, Jordania y Bahrein, respectivamente. Todos se presentaron como potenciales modernizadores de unas monarquías firmemente arraigadas en la cultura de sus países.
Once años más tarde,poco queda de aquellos años prometedores. Hoy, la rebelión chiíta en Bahrein y la inestabilidad del tronoavivan el nerviosismo de otras monarquías, especialmente la de Arabia Saudita, que envió hace un mes mil soldados y vehículos militares en respuesta a la petición del rey Hamad. Los reyes árabes temen que los chiítas (principales opositores al régimen del rey bahreiní) se conviertan en instrumento al servicio de Irán, su rival ideológico y político.
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En efecto, los cancilleres de las seis monarquías del Golfo (Arabia, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar y Kuwait), que integran el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico (CCG), se reunieron el pasado viernes en la capital saudita para evaluar las medidas adoptadas hasta el momento y las estrategias paraevitar disturbios en sus países. También denunciaron que Irán está fomentando conspiraciones contra las naciones árabes.
En el archipiélago de 33 islas que forman Bahreinlas sangrientas revueltas de febrero y marzo han puesto en jaque a la poderosa dinastía, y al rey Hamad no le ha quedado otra opción que decretar el “estado de seguridad nacional” luego de varias movilizaciones de la oposición. Las revueltas no son iguales a las de Egipto, Libia o Túnez, y por ahora el rey Hamad logra sobrellevar la crisis, aunque con una brutal represión, y sigue teniendo el apoyo de los sauditas y los estadounidenses, cuyo gigantesco asentamiento militar podría correr riesgos si cayera el rey.
La molestia social no es una cuestión de desempleo o de democracia, sino que los chiítas presionan para tener mayor presencia en las instituciones de gobierno. Los que participan de las marchas, principalmente ciudadanos chiítas -que son el % 70 de la población-, piden cambios políticos a sus gobernantes, que son sunnítas. Exigen, entre otras cosas, la renuncia del primer ministro, tío del rey, que lleva 40 años en el poder.
El Gobierno, controlado absolutamente por el rey y la dinastía Al-Jalifa, comenzó ya a ejercer mano dura para frenar la agitación. Las manifestaciones fueron prohibidas desde la imposición del toque de queda, pero no fueron efectivamente silenciadas hasta la entrada en el país de tropas del CCG, la mayoría saudíes. En el marco de estas protestas, la Wefaq (principal partido de la oposición) reconoció ya detención de 329 manifestantes y la muerte de 13, siete extranjeros y cuatro policías.
Las autoridades además suspendieron la publicación del diario Al Wasat, principal medio opositor del país, al considerar que está divulgando información falsa sobre los acontecimientos. El Ministerio de Educación, por su parte, formó un comité investigador para tomar medidas contra maestros y funcionarios escolares que participaron en huelgas y manifestaciones contra el gobierno.
En el vecino Emirato de Kuwait, el gobierno del anciano Emir Sabah Al-Javer Al-Sabah, se vio obligado a dimitir para evitar la comparecencia ante el Parlamento de tres de sus ministros, todos ellos miembros de la numerosísima Familia Real. La convocatoria por parte de los diputados se produjo en medio de quejas por el retraso en las reformas políticas y económicas.
Varios centenares de kuwaitíes se manifestaron pidiendo el cambio del primer ministro (el príncipe Nassir) y más libertades políticas, pero la protesta no alcanzó ni de lejos el nivel de Bahrein. La dinastía sunita de Kuwait, tras un mes de protestas lideradas por la mayoría chiíta, pidió la ayuda de otros miembros del CCG y recibió tropas de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
En el Sultanato de Omán no hubo revueltas a pesar de ser vecino de Yemen, donde hubo diversas manifestaciones. El sultán Qaboos bin Said gobierna con mano de hierro, representando el único poder del país, ya que no hay poder legislativo. La monarquía es completamente hermética, pero su gran ventaja es su capacidad financiera, lo que permite eliminar impuestos, aumentar los salarios y dar amplios beneficios económicos para aminorar cualquier malestar social.
Este tipo de exigencias persisten en Omán, a pesar de anuncios del sultán, en los cuales prometía la creación de empleos y la realización de reformas políticas. Recientemente, las autoridades detuvieron a varias personas durante una serie de violentas protestas en la ciudad industrial de Sohar, empleando gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma para dispersar a los activistas.
A principios de marzo, el sultán anunció su intención de ceder parte de sus poderes a cargos no provenientes de la familia real Al-Said. Según un Decreto Real, el consejo legislativo de Omán tendrá poderes legislativos. Posteriormente, el monarca despidió a varios de sus ministros después de una serie de manifestaciones. Qaboos es visto popularmente como un monarca benevolente, a pesar de tener el derecho de encarcelar y ejecutar a cualquier ciudadano.
La situación del reino hashemita de Jordania, encabezado por el rey Abdallah II, no es distinta de la de sus vecinos. Esta monarquía constitucional ya se vio forzada a aceptar la renuncia del primer ministro y a nombrar a un nuevo líder para iniciar el proceso de impulsar una reforma política. La oposición, sin embargo, también pidió la dimisión del nuevo primer ministro, Maruf Bachit, designado por el rey y que acusa al principal partido opositor de “recibir órdenes de Egipto y Siria”.
Más recientemente, el rey expresó su apoyo para introducir las reformas políticas exigidas por los opositores de la monarquía, cuyas protestas fueron reprimidas y provocaron la primera muerte luego de tres meses de protestas. “No tememos a la reforma y respetaremos las recomendaciones del comité sobre las enmiendas constitucionales relativas al desarrollo de la ley electoral y la vida parlamentaria”, aseguró el rey durante una reunión del Comité para el Diálogo Nacional.
El Rey de Jordania es un árbitro en la política del país, pero también es la principal figura. Se apoya de la hermosa reina Rania que es de origen palestino, lo que permite controlar y tener legitimidad sobre el alto porcentaje de población palestina o descendientes de palestinos. Sin embargo, numerosos analistas han puesto en cuestión el papel jugado por la soberana, a quien se ve como demasiado dominante en la política jordana.
Un cable de la diplomacia norteamericana detalla cómo un partido de fútbol fue cancelado por la policía después de serios disturbios entre fanáticos y de oírse cánticos contra la Corona. La violencia se inició cuando un grupo comenzó a cantar frases contra los jordanos de origen palestino, incluyendo a la reina Rania.
En Marruecos, la semana pasada la justicia condenó a cuatro años de cárcel a dos jóvenes acusados de haber instigado a las protestas que tuvieron lugar en Rabat el 20 de febrero y que tenían como fin derrocar al rey Mohammed VI, 18º rey de la dinastía alaouita. En semanas anteriores, cuatro hombres más fueron sentenciados a prisión, y numerosas manifestaciones tuvieron lugar en Rabat en las últimas semanas.
Tres partidos políticos marroquíes presentaron a una comisión creada recientemente por Mohammed VI una serie de propuestas para que el país evolucione hacia una “Monarquía Parlamentaria”, aunque respetando el estatuto religioso y moral del monarca, que ostenta el título de Emir al-Mouminim (“Príncipe de los Fieles del Islam”) como descendiente del Profeta Mahoma.
En marzo el rey anunció importantes reformas políticas, pero las voces del cambio continúan exigiendo al Gobierno marroquí una transición hacia una monarquía al estilo europeo. Hace unos días, se difundió un documento firmado por 166 personalidades políticas, intelectuales y empresariales, en el que algunas figuras claves del país abogan por la disolución del Gobierno y del Parlamento para iniciar el camino de la reforma a través de un consejo de coalición nacional.
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