Aislada y con la popularidad por el piso, la presidenta Dilma Rousseff asistirá mañana desde Panamá –donde participa de la Cumbre de las Américas– a la segunda protesta nacional contra su permanencia en el Palacio del Planalto.
Las protestas coinciden con un momento de revisionismo en el gobierno, ante la decisión de la mandataria de otorgar amplios poderes para que Michel Temer, su vicepresidente, negocie con el indómito Congreso. Temer, coinciden los analistas, se convirtió así en una de las figuras políticas más poderosas del país, a la par de la presidenta.
Dudas. De todos modos, los dos hechos –la protesta y las nuevas responsabilidades del vicepresidente, están rodeados de incertidumbre: no se sabe si los decibeles del reclamo por el impeachment serán tan altos como en la gran protesta del 15 de marzo y tampoco se sabe si Temer podrá convencer a su propio partido, el PMDB, a votar los proyectos de ajuste fiscal del Ejecutivo, considerados esenciales para recuperarar la economía. Ya el propio PT de Dilma ha dado muestras de poca disposición a acompañar al Plantalto.
La principal agrupación civil contra Dilma, “Vení a la Calle”, estima que habrá manifestaciones en 391 ciudades, 151 más que en marzo. En San Pablo, la avenida Paulista estará cerrada al tráfico todo el domingo. Ahí se reunieron hace un mes casi un millón de personas al grito de “Fora Dilma”.
Para el analista político Sergio Fausto, director del Instituto Fernando Henrique Cardoso, el escenario político del país sólo cambiará si la gente que participa mañana de la marcha es mucha más, o mucha menos que en la anterior. “En marzo, la propuesta forzó a los principales actores políticos a revisar sus discursos. El gobierno, entre ellos, salió del autismo”, dice Fausto a PERFIL. Dilma se había cerrado en su propio grupo, sin desarrollar interlocución con el Congreso. Ahora, empieza a tomar las medidas correctas”, agrega.
Sin embargo, para Sergio Fausto, ni las manifestaciones ni el rumbos de las negociaciones entre el Palacio del Planalto y el Congreso tendran tanto poder de cambiar el escenario político brasileño como la actual “Operación Lava Jato” de la Policía Federal (ver recuadro).
Cien días. Dilma cumplió ayer cien días de su segundo gobierno. La verdad es que sólo en los últimos días se decidió a tomar las medidas que antes rechazaba, mientras las investigaciones de corrupción en Petrobras se desbordaban para los bancos estatales, los proyectos del gobierno eran derrotados o modificados por los legisladores y el escenario de recesión económica se consolidaba. El ex presidente Lula da Silva, su padrino, ya le había aconsejado “levantar la bandera blanca” con el PMDB y designar a Temer como principal negociador.
Con 24 años vividos en el Congreso, donde ha sido dos veces presidente de la Cámara de Diputados, Temer es un zorro político. Tendrá poderes para ofrecer cargos en los ministerios y repartir parte del presupuesto con los legisladores a cambio de apoyo. El jueves buscó la bendición de Lula y prometió que, a pesar de su autonomía para negociar, tomará todas las decisiones en común acuerdo con Dilma.
Coimas, más allá de Petrobras
Las investigaciones de corrupción en Brasil ya no se restringen a Petrobras. Ayer, tres ex diputados federales fueron detenidos por haber cobrado una comisión de 10% sobre los valores de contratos publicitarios firmados por el banco estatal Caixa Económica Federal y el Ministerio de Salud. En el Senado, el gobierno resiste la apertura de investigaciones de corrupción en el gigante Bndes, cuyos préstamos empresariales ya no estarán más cubiertos por confidencialidad. Las investigaciones se expanden: además de los tres ex diputados presos –André Vergas, Luiz Argolo y Pedro Corrêa– la policía detuvo ayer a otras cuatro personas involucradas en el sistema de coimas, allanó 16 locales y secuestró una propiedad de lujo. Las detenciones forman parte de la operación Lava Jato, que investiga hechos criminales orquestrados por grupos políticos en la Petrobras, en estatales y en el gobierno federal. En una reciente entrevista periodística, la presidente Dilma Rousseff dijo tener la “certeza” de no haber usado dinero de la Petrobras en sus comicios de 2014. Una prueba en contrario será suficiente para la apertura de un proceso de impeachment contra ella. Según el diario Folha de S Paulo, las pérdidas de la petrolera por las coimas han llegado a unos US$ 2 mil millones. Las investigaciones ya han apuntado la “transferencia” de US$ 150 a US$ 200 millones para el PT, partido de la presidente Dilma, entre 2003 y 2013.
