Daniel Ortega eligió a sus nuevos blancos. La prensa crítica y los organismos de derechos humanos son los enemigos que el gobierno de Nicaragua intenta batir, en su esfuerzo denodado por continuar en el poder, pese a las protestas que estallaron en abril y piden su renuncia. Ocho días después de asaltar y ocupar la redacción del semanario Confidencial, la policía allanó el canal de televisión 100% Noticias, que había mantenido una línea editorial de denuncia contra el Ejecutivo. Los uniformados detuvieron al director de la señal, Miguel Mora, a quien la Justicia acusó de “conspiración” y “terrorismo”; a su esposa, Verónica Chávez, y a la periodista Lucía Pineda Ubau.
Los periodistas fueron trasladados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), ubicadas a pocos metros de la sede de 100% Noticias. Mora fue imputado en un proceso exprés. “Está siendo presentado por la dirección de Auxilio Judicial ante el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencia por delitos de conspiración y terrorismo”, informó el abogado Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Chávez, esposa de Mora, fue liberada horas después. “Está emocionalmente muy afectada”, informó el periodista Luis Galeano.
El canal de televisión amaneció ayer cerrado y rodeado de policías. Horas antes, había alertado a su audiencia sobre el allanamiento de las fuerzas de seguridad. “Hay presencia de antimotines y están queriendo entrar a 100% Noticias. Urgente, urgente, hay paramilitares aquí dentro”, informó Pineda en los últimos instantes de la transmisión. Luego, la señal fue sacada del aire.
La ofensiva del sandinismo buscaba silenciar a los medios de comunicación críticos y a las organizaciones de la sociedad civil que denunciaron la represión gubernamental.
Persecución. El líder de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, fue citado ayer por la Policía de Nicaragua, luego de criticar al presidente. El director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que aglutina a prestigiosos economistas y empresarios de Nicaragua, no fue detenido, pero denunció que tras abandonar la comisaría fue perseguido hasta el club Terraza, donde se refugió. Efectivos antimotines y parapolicías sandinistas rodearon el predio.
La CIDH y el GIEI denunciaron que Ortega cometió delitos de lesa humanidad
Chamorro había responsabilizado a Ortega por la “Nica Act”, una ley que Estados Unidos aprobó y que impuso sanciones a miembros del gobierno, al tiempo que limitó el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, incluyendo los del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mientras no haya elecciones “libres, justas y transparentes”.
El líder opositor es primo del periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín Chamorro –ex director de La Prensa, asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza– y de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro. Carlos denunció que la policía allanó las oficinas de Confidencial, semanario que dirige, y decomisó sus bienes sin orden judicial. “El dictador Ortega está criminalizando a los periodistas por informar. Hacer periodismo es ya un crimen en Nicaragua. Decir que el gobierno es corrupto y viola los derechos humanos, como denunció la CIDH, es un acto criminal para la dictadura”, afirmó a PERFIL Maynor Salazar, periodista de Confidencial.
Presión internacional. La criminalización de periodistas y militantes por los derechos humanos empezó luego que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunciase que el gobierno de Ortega perpetró “delitos de lesa humanidad”. La crisis sociopolítica dejó desde abril entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno, en tanto, sostiene que hubo 199 muertos y 273 detenidos, a los que califica de “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”. Ortega rechaza los señalamientos y aduce que superó un intento de “golpe de Estado”.
Derechos humanos. La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el sandinismo, retiró la semana pasada la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y confiscó sus bienes, al asegurar que habría participado de un supuesto “golpe” contra el gobierno. La policía, en tanto, culpó este miércoles a su directora, Vilma Núñez, y a su asesor legal, Gonzalo Carrión, de manipular y sobornar a los sobrevivientes de un incendio que habría sido iniciado por paramilitares y policías y provocó la muerte de seis personas. “Ortega está terminando de construir su imagen de traidor. El es el verdadero traidor, traidor de una revolución, traidor a una causa en la que mucha gente creyó a nivel nacional e internacional”, disparó Núñez.
"Ortega es un verdadero traidor de una revolución en la que mucha gente creyó"
El Cenidh asesoró a la actriz Thelma Fardin y asistió jurídicamente a Zoilamérica Narváez Murillo, hijastra de Ortega, que en 1998 lo denunció por violación. “Estamos ante un régimen político cuyas herramientas principales son las del control y la manipulación. Haberse asentado en un origen revolucionario implicó que la sociedad necesitara el mismo tiempo que necesité yo para romper el silencio del abuso sexual”, afirmó Zoilamérica en una reciente entrevista con PERFIL.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, cuando el Ejecutivo intentó, sin éxito, reformar la seguridad social.
Campaña de hostigamiento
La detención de Miguel Mora culminó una campaña de hostigamiento del gobierno de Nicaragua contra el canal 100% Noticias. El 20 de abril pasado, el ente regulador de las telecomunicaciones censuró su señal, sacándolo del aire durante seis días, luego que Mora se negara a acatar la orden presidencial de interrumpir la transmisión en vivo de las protestas contra el gobierno. Luego le quitaron la frecuencia de canal 15. El 4 de diciembre, Mora denunció que simpatizantes sandinistas lo habían acusado ante la fiscalía por ser un presunto “incitador de asesinatos, odio, muerte y terrorismo”. Además, el empresario fue detenido seis veces por policías y paramilitares. En una ocasión, lo encañonaron con un rifle AK-47 y lo amenazaron de muerte. La CIDH les había otorgado medidas cautelares a él, a la periodista Leticia Gaitán y a sus familias. “La salida del aire del canal y el apresamiento de su director y su jefa de redacción son una censura aberrante y radical que adopta el gobierno”, dijo Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH.
