Secuestrados colombianos tabú: los “retenidos” por los paramilitares

Para el mundo, el problema del secuestro en Colombia es equivalente al problema de las FARC. Sin embargo, el drama de los secuestros es muchísimo más amplio: se estima que desde 1996 hasta el 2006 los paramilitares secuestraron a 1.163 personas, según datos proporcionados por la ONG local Fondelibertad.

El paramilitarismo, y su vinculación con la política –fenómeno que en Colombia denominan “parapolítica”- es, además de la guerrilla, otro de los grandes problemas del gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien en el 2006 firmó una amnistía (conocida como el acuerdo de Ralito) a cambio de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El acuerdo dejó descontentos a amplios sectores de la sociedad, sobre todo teniendo en cuenta que el escándalo de la parapolítica salpicó a varios funcionarios importantes del gobierno de Uribe y provocó la renuncia de otros tantos.

Al igual que la guerrilla que dicen combatir, las fuerzas paramilitares son culpables de masacres, asesinatos, reclutamiento de niños con fines militares y hasta sexuales, secuestros extorsivos y secuestros políticos.

Entre estos últimos, que para las FARC significaron la posibilidad de sobrevivir, uno de los más famosos fue el secuestro de Víctor Ochoa Daza, dirigente del departamento de César.

En febrero del año pasado, Ochoa Daza aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que fue secuestrado por el reconocido líder paramilitar Jorge 40, en enero de 2002, como parte de una estrategia para modificar el mapa electoral de la región. Según dijo, su secuestro fue instigado por el entonces senador Álvaro Araújo, hoy detenido en el proceso de la parapolítica.

El caso produjo también la renuncia de la ex canciller María Consuelo Araújo, hermana de Álvaro, quien curiosamente fue reemplazada en el cargo por Fernando Araújo, solamente días después de escapar de un campamento de las FARC, tras más de nueve años de cautiverio.

Según una investigación de la revista Cambio, otros secuestros con fines políticos fueron admitidos por varios líderes desmovilizados: el de Leonor Palmera, hermana del líder de las FARC Simón Trinidad; el de Hilda Rodríguez, hermana de un jefe del ELN y los de los senadores Zulema Jattin y Juan Manuel López Cabrales, en 2000.

La senadora Piedad Córdoba, quien el año pasado participó de la mediación encabezada por el presidente Hugo Chávez para lograr la liberación de los secuestrados por las FARC, fue otro de los casos resonantes. La legisladora fue secuestrada en Medellín en 1999 y liberada varios meses después en Necoclí.

Sin embargo, contar el cuento es un privilegio de pocos. El desmovilizado líder de las AUC, Salvatore Mancuso, declaró ante un fiscal de Medellín que “los retenidos fueron dados de baja en su mayoría”. Según datos de Fondelibertad, los restantes serían 254, que no se sabe si están vivos o muertos. Por ahora, solamente desaparecidos.

Para las familias de los secuestrados por las AUC, radicar una denuncia es doblemente difícil. No se exponen solamente al miedo a las represalias (al igual que les ocurre a los familiares de los rehenes de las FARC), sino además a la posibilidad de ser estigmatizados por la sociedad, por supuestos vínculos con la guerrilla.

"Lastimosamente nos ha tocado sentir el comentario silencioso de que si se lo llevaron es porque debía algo, existe una cierta complicidad de la sociedad con los paramilitares", le dijo la hermana de un secuestrado a la revista Cambio.

El proceso de “dejación de armas” por parte de las AUC recibió críticas de todos los sectores. Para el ex presidente Andrés Pastrana, le sirvió a varios capos narcotraficantes para hacerse pasar por “paras” y así legalizar su situación.

Por otro lado, se presentaron varias denuncias en los medios que hablan de que líderes paramilitares siguen delinquiendo desde la cárcel, vinculados al narcotráfico y a la organización de quienes quedaron en libertad. En Bogotá y otras grandes ciudades, hay denuncias de una reorganización de desmovilizados.