Los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay redoblaron ayer la presión internacional sobre Nicolás Maduro al suspender indefinidamente a Venezuela del Mercosur bajo el argumento de que allí se produjo una “ruptura del orden democrático”. A la medida le faltó timing: aunque el bloque regional considera formalmente desde abril que en el país caribeño se vulneró la democracia, sus miembros tardaron más de cuatro meses en decidir la suspensión y lo hicieron después de que el chavismo inaugurara una Asamblea Nacional Constituyente que podría marcar un punto de no retorno en la crisis política venezolana.
“La suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración del orden democrático”, señalaron en un comunicado conjunto los cancilleres Jorge Faurie (Argentina), Aloysio Nunes Ferreira (Brasil), Eladio Loizaga (Paraguay) y Rodolfo Nin Novoa (Uruguay), tras un encuentro de urgencia que mantuvieron durante una hora y media en la sede de la alcaldía de San Pablo.
En rigor, sobre Venezuela ya pesaba una suspensión administrativa desde diciembre pasado, debido a que el país no había compatibilizado su legislación con la del Mercosur. Sin embargo, esta nueva sanción, de carácter político, establece que el país sólo podrá reintegrarse con plenos derechos cuando a juicio de los demás integrantes del bloque “se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático”. Además de la anulación de la Constituyente, lo que se exige es que el gobierno de Maduro fije un calendario electoral, libere a los dirigentes opositores presos y restaure plenamente las competencias del Parlamento.
La suspensión indefinida es el máximo castigo posible en el marco del Mercosur, ya que la “expulsión” de un país miembro no está prevista en el Protocolo de Ushuaia (1998). Por ahora, los socios regionales prefirieron no apelar a medidas más drásticas como el cierre de fronteras o la interrupción de las relaciones comerciales, para evitar una agudización de la debacle económica que padecen los ciudadanos venezolanos.
El proceso que culminó ayer se había iniciado cuatro meses atrás durante una cumbre del Mercosur en Buenos Aires, en la que el bloque ya había denunciado la “ruptura del orden democrático” y había exhortado al gobierno venezolano a cumplir con el Protocolo de Ushuaia. En aquel momento, la ex canciller argentina, Susana Malcorra, explicó que, antes de la eventual suspensión, era necesario agotar una serie de consultas previas entre los países miembros y con el propio gobierno venezolano en busca de un acuerdo.
Ayer, el comunicado del bloque señaló que “las consultas con Venezuela resultaron infructuosas” y “no se han registrado medidas eficaces y oportunas para la restauración del orden democrático”, por lo que finalmente se decidió proceder con la suspensión.
Desde abril hasta ahora se produjeron algunos realineamientos dentro del bloque que propiciaron el endurecimiento ante Venezuela. En primer lugar, la salida de Malcorra de la Cancillería argentina y su reemplazo por Faurie, más alineado con los deseos de Mauricio Macri de aplicarle rigor a Maduro. Además, surtieron efecto las presiones de Argentina y Brasil sobre el gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez, que era el más reacio a la suspensión de Venezuela.
Pero fue a destiempo: con o sin suspensión, Maduro ya está embarcado en su polémico proyecto de reforma constitucional.
