Tras asumir sus “graves errores y omisiones” por los casos de abusos sexuales a menores, más de treinta obispos chilenos presentaron sus renuncias ante el papa Francisco. Esta decisión, histórica e inédita en la Iglesia, queda ahora en manos del Pontífice, quien deberá decidir si acepta una depuración completa de la cúpula eclesial chilena o no, según el grado de implicación y responsabilidad. Esto también influirá en el tiempo de resolución del proceso, que podría prolongarse días, semanas e incluso años.
“Hemos puesto nuestros cargos en manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto sobre cada uno de nosotros”, anunciaron ayer en la prensa chilena, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, el obispo Fernando Ramos Pérez, y el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz. Después, explicaron que “el Papa, según lo estime conveniente, podrá aceptar la salida de un obispo o rechazarla” y, mientras lo decide, “continuarán en sus plenas funciones”.
Esta semana, el Papa estuvo reunido con ellos en varios encuentros en El Vaticano. En la primera reunión, Francisco les entregó un texto en el que indicaba con claridad “una serie de hechos reprobables”, en relación a los “inaceptables abusos de poder, de conciencia y sexuales”, según explicaron los obispos.
La carta era un documento de diez páginas, que filtró durante la madrugada italiana el canal de televisión chilena TV13 y que contenía parte de las conclusiones de la extensa investigación que realizó el arzobispo maltés, Charles Scicluna. El informe de Scicluna, de más de dos mil páginas que no fue dado a conocer completo de manera pública, y que recoge el Papa en su carta, denuncia “que algunos religiosos, expulsados de sus respectivas órdenes por los abusos cometidos, fueron acogidos en otras diócesis y recibieron encargos que los llevaron a estar en contacto con niños y chicos”.
Protegidos. Además, Francisco acusó a la Iglesia chilena de “falta de transparencia”, tras constatar que había sido mal informado sobre los abusos sexuales a menores, en particular en relación al caso de Juan Barros, acusado de encubrir al sacerdote Fernando Karadima. También remarcó que “Las denuncias recibidas en no pocos casos se calificaron muy superficialmente como inverosímiles, cuando eran graves indicios de un efectivo delito. Algunas investigaciones ni siquiera se llevaron a cabo y se verificaron negligencias en la protección de los niños por parte de los obispos y de los superiores religiosos”.
Una de las frases del Papa que resonaron en el mundo fue “Nadie puede eximirse a sí mismo y colocar el problema sobre los hombros de los demás”. Esto ya está generando un efecto mundial en el resto de países donde hubo casos similares. El caso de Chile puede abrir una puerta.
