Torturas, asfixias, descargas eléctricas: la venganza de Maduro contra sus opositores
Las organizaciones HRW y Foro Penal denuncian detenciones ilegales a opositores y sus familiares. Los castigos incluyen cortes en el cuerpo, ayuno forzado, prohibición de ir al baño y amenazas de muerte.
La cúpula militar expresa “su irrestricto apoyo y lealtad absoluta a (…) nuestro comandante en jefe, para el período 2019-2025”, dijo el miércoles el Ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López. |
AFP
En vísperas del cuestionado juramento de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial, fuerzas de seguridad detuvieron y torturado a efectivos militares venezolanos acusados de conspirar contra el gobierno, según revelaron dos prominentes organizaciones defensoras de derechos humanos. Human Rights Watch y la organización no gubernamental venezolana Foro Penal dijeron en un informe conjunto que las autoridades del país sudamericano también detuvieron y torturaron a parientes de algunos sospechosos con la meta de obtener su paradero.
El informe analizó 12 casos de 2017 y 2018 que involucran a 32 personas, incluyendo efectivos militares y civiles acusados de conspirar contra el gobierno, así como también parientes de sospechosos. "El gobierno venezolano ha reprimido brutalmente a efectivos militares acusados de conspirar”, dijo el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. “En algunos casos también van por sus familias u otros civiles cuando no pueden encontrar a los sospechosos”.
El documento señala que efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) practicaron la mayoría de los arrestos y ejecutaron sobre los detenidos abusos tales como golpizas brutales, asfixia, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, ayuno forzado, prohibición de ir al baño y amenazas de muerte.
HRW y Foro Penal -organización que ejerció la representación legal de algunos detenidos en audiencias judiciales- señalaron que las denuncias coinciden con el desempeño mostrado por las autoridades al reprimir protestas callejeras en 2014 y 2017. Vivanco dijo que la última información reflejada en el informe se recopiló de primera mano. Investigadores desde el extranjero llamaron a personas residentes en Venezuela, o entrevistaron efectivos militares y sus familias cuando ya habían salido del país.
No está claro cuántos oficiales militares están presos. Aunque algunos reporteros y organizaciones sin files de lucro, citando fuentes confidenciales, dicen que hay más de 160 militares detenidos, Julio César Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, dice que son más de 200. “Las fracturas dentro de las fuerzas armadas son mayores cada día”, Borges. “El país está pidiendo a gritos que las fuerzas armadas no den un golpe de estado, [sino] que rescaten a Venezuela del golpe de estado que dio Maduro”.
El Instituto CASLA, con sede en Praga y encabezado por la abogada venezolana Tamara Sujú, dijo el mes pasado haber interpuesto ante la Corte Penal Internacional denuncias de 536 víctimas de tortura en Venezuela desde 2014, incluyendo 106 del 2018.
Muchos de los casos de abuso documentados por Human Rights Watch y el Foro Penal tienen relación con Oswaldo García Palomo, un coronel venezolano acusado de conspirar contra el gobierno desde la vecina Colombia.
El 19 de mayo del 2018, hombres armados llegaron a casa de la sargento Emmy Mirella Da Costa Venegas, a quien acusaron de estar en contacto con Palomo. Al no encontrarla, detuvieron a su pareja, José Alberto Marulanda Bedoya, un cirujano de 53 años. Cinco días después, el hombre fue presentado ante un tribunal militar y acusado de traición, instigar una rebelión y participar en una conjura.
Las organizaciones denuncian que ningún funcionario de alto rango fue sancionado hasta el momento. “La impunidad ante violaciones de derechos humanos es deliberada en Venezuela”, dijo Gonzalo Himiob Santomé, director del Foro Penal.En un paso sin precedentes, seis países pidieron el año pasado a la CPI investigar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La nación caribeña es una de las nueve investigaciones preliminares iniciadas por los fiscales de la CPI.
