En sus 24 etapas, la operación Lava Jato ha procesado a gobernadores, legisladores –incluyendo a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado–, ministros, empresarios y a los dueños de las mayores constructoras del país. Algunos de ellos están presos desde hace meses. Por todo esto, el juez Sérgio Moro ganó notoriedad y, hoy, tal vez sea una de las personas más influyentes y respetadas de Brasil. Su conducta, discreta, se mantenía tranquila hasta la semana pasada, cuando decidió llevar por la fuerza a testificar al ex presidente Lula da Silva. ¿Fue un error del magistrado, o actuó deliberadamente? El Código Penal dice que un juez puede pedir que alguien sea llevado por la fuerza a declarar (la llamada “conducción coercitiva”), pero sólo en caso de que el testigo o acusado no se haya presentado ante una convocatoria sin motivo justificado, algo que no ocurrió con Lula. El segundo paso cuestionable de Moro fue filtrar las escuchas telefónicas de una conversación privada entre el ex mandatario y la presidenta Dilma Rousseff. Fue una movida contra la invitación de Dilma para que Lula integrase su gobierno, lo que le garantizaría foro privilegiado, es decir, ser investigado por el Supremo Tribunal Federal y no por Moro. Hay juristas que consideran que, con esta invitación, el gobierno quiere “blindar” al ex presidente. La filtración de las grabaciones causó convulsión social, no sólo por la publicación de palabras pronunciadas en un contexto privado, como críticas a instituciones, sino también porque revelan una intención política del juez, que sólo filtró escuchas vinculadas a Lula y su familia. Creyendo que Moro conduce los hechos en una única dirección, apoyado por la gran prensa, quienes defienden al gobierno han ganado las calles bajo el lema “No va a haber golpe”, así como los opositores piden, también en las calles, el impeachment de Rousseff. Los choques entre ambos sectores se han multiplicado, alimentando un clima de tensión social que puede derivar en violencia. Y todo en un contexto de crisis, con la economía en caída libre, el desempleo en ascenso, el dólar volátil y los programas sociales recortados, mientras avanzan enfermedades como zika, chikungunya y microcefalia.
