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INTERNACIONAL / UNA DE LAS SIETE CAUSAS CONTRA EL EX PRESIDENTE
sábado 27 enero, 2018

Una estancia acorrala aún más a Lula en la Justicia

El juez Moro fallará en febrero si Odebrecht y OAS pagaron reformas en una propiedad adjudicada al líder del PT.

por Leandro Dario

CAMPO EN ATIBAIA. Odebrecht y OAS habrían financiado reformas en una propiedad del ex presidente. Foto: CEDOC

El TRF-4 abrió la Caja de Pandora en Brasil, al condenar a 12 años y un mes de prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ahora, la Justicia amenaza con una cascada de fallos judiciales en otras seis causas que acorralan al líder del Partido de los Trabajadores (PT). Aunque se declaró inocente en todas ellas, un nuevo fallo adverso implicaría el fin de su sueño presidencial y una inminente detención.

Más allá del tríplex de Guarujá, la Justicia investiga la compra del Instituto Lula, la refacción de su estancia en Atibaia, la obstrucción a la Justicia en el Lava Jato, la compra de aviones de la Fuerza Aérea, el tráfico de influencia en el Bndes, y beneficios tributarios a automotrices. De hecho, el juez de Brasilia que prohibió el jueves su salida del país y le retiró el pasaporte investiga si cometió tráfico de influencias en la adquisición de cazas de combate.  

Atibaia. Es la amenaza más inminente para Lula. Moro, que lo condenó a nueve años y medio de prisión por la causa del tríplex, fallará en febrero en la causa que investiga si el ex mandatario recibió sobornos de Odebrecht y OAS para reformar una estancia en Atibaia, San Pablo. Según la fiscalía, la propiedad es del ex mandatario, quien habría concedido contratos de Petrobras a cambio de esas presuntas coimas

“Atibaia es un auto de delación a cielo abierto, explícito, minucioso y sin ningún subterfugio. Atibaia es una prueba, con el tamaño de no sé cuántas hectáreas, de las relaciones promiscuas y criminales de Lula con los que más se beneficiaron de sus gobiernos”, escribió el periodista Ricardo Noblat en la revista Veja. La defensa negó que Lula sea propietario del lugar, frecuentado por el ex mandatario tras dejar el poder.

Instituto Lula. La acción penal, también a cargo de Moro, se inició tras la delación premiada de Antonio Palocci, ex ministro de Lula y Dilma. El ex presidente es acusado de haber recibido 12 millones de reales de Odebrecht para comprar el terreno donde se construiría el Instituto Lula. La transferencia finalmente se frustró, pero según la fiscalía, el delito se consumó por la simple propuesta y aceptación del soborno. La denuncia sostiene que Odebrecht también compró un departamento contiguo al que habita Lula en San Pablo.

Obstrucción a la Justicia. El líder del PT fue acusado de haber presionado para comprar el silencio de Néstor Cerveró, ex director de Petrobras, uno de los delatores del Lava Jato. Según la acusación, Lula, el hijo del empresario José Carlos Bumlai, el prominente banquero André Esteves, y el ex senador del PT Delcidio do Amaral habrían intentado callar a Cerveró, que se aprestaba a firmar un acuerdo con la Justicia y proporcionar detalles sobre el funcionamiento del esquema de sobornos en la petrolera estatal. “Yo no tenía relación con Cerveró”, se defendió el ex presidente al ser indagado por la Justicia. 

Operación Zelotes. El expediente indaga en la presunta influencia que Lula habría ejercido durante la presidencia de Dilma Rousseff para que la Fuerza Aérea Brasileña opte en una licitación internacional por los aviones caza Gripen de la firma sueca Saab. Se lo acusa de recibir dinero a través de una empresa de su hijo Luis Claudio. El juicio está en primera instancia y Lula será interrogado el próximo 20 de febrero.

BNDES. Según la denuncia, Lula influyó en la política de financiamiento internacional del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) para favorecer negocios de Odebrecht en América Latina y Africa. A cambio, habría recibido 20,6 millones de reales (6,5 millones de dólares). Está imputado por lavado de dinero, corrupción pasiva, asociación ilícita y tráfico de influencias. 

Automotrices. La Justicia imputó a Lula por corrupción pasiva, en un expediente que investiga si recibió 6 millones de reales (1,9 millones de dólares) en 2009, durante su segundo mandato, para prorrogar beneficios tributarios a empresas automotrices.

Para Lula, el calvario judicial recién comenzó.


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