Se aborrecen, se detestan, se desean mutuamente lo peor y su enfrentamiento marca desde hace años el pulso de la política colombiana. Pero coinciden en un punto crucial: ambos desean, por distintas razones, la conformación de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna luego de la segunda vuelta electoral.
Alvaro Uribe y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), enemigos públicos declarados y polos opuestos e irreconciliables, se hallan curiosamente unidos en ese anhelo de modificar la Constitución. El ex mandatario pretende eliminar los impedimentos legales para su re-reelección, mientras que la guerrilla busca “blindar” en un nuevo texto constitucional los acuerdos de paz que se logren en el diálogo con el Gobierno.
Se trata de aspiraciones a mediano o largo plazo: Colombia se encuentra ahora en pleno proceso electoral, luego del ajustado triunfo en primera vuelta del uribista Oscar Iván Zuluaga (29,2%) sobre el presidente Juan Manuel Santos (25,6%) y en la previa al ballotage del 15 de junio, para el que se espera una definición voto a voto.
El uribismo argumenta que el país sufre debilidades institucionales que requieren cirugía mayor. Tras los comicios legislativos de marzo, en los que su fuerza Centro Democrático obtuvo 31 bancas y en los que él mismo fue electo senador, Uribe cargó contra un sistema electoral al que considera “bastante ilegítimo” y protestó por “la publicidad engañosa, la violencia, la compra de votos y los recuentos irregulares”. Y dejó picando un argumento bastante explícito: por cosas menos graves, dijo, se revocó el Congreso y se convocó una Constituyente.
“Sus adversarios creen que el asunto es más sencillo: Uribe quiere volver a reelegirse presidente y, como la actual Constitución se lo prohíbe, no le sirve”, publicó la revista colombiana Semana. Las ambiciones de poder del ex jefe de Estado, mentor de la candidatura de Zuluaga, no son un secreto para nadie en Colombia.
Por el lado de las FARC, lo que se pretende es dar un marco constitucional a los acuerdos que surjan de las negociaciones de paz. La guerrilla teme que, como ya ocurrió en el pasado, el Gobierno “traicione” los pactos con los líderes desmovilizados. Por eso sus miembros afirman públicamente que existe “un clamor nacional a favor de la Constituyente” y sostienen que esa debe ser la vía para refrendar los resultados del diálogo en La Habana.
El jefe de los negociadores oficiales, Humberto de la Calle, dejó en claro que una reforma de la Constitución no está en los planes del Gobierno. “El camino no es la Constituyente; hay mecanismos más fluidos y acordes con la realidad actual para solucionar el conflicto armado”, expresó el hombre de Santos, quien enfrenta una inusual coincidencia entre los dos extremos de Colombia.
