Le tocó a Gustavo González, director periodístico de Editorial Perfil, cerrar la lista de oradores en un colmado Salón de las Provincias: “Para todos los periodistas es importante esta convocatoria, pero para quienes trabajamos en Editorial Perfil simboliza un reconocimiento a haber soportado trece años de un acoso despiadado. A diferencia de los ataques recibidos desde otras administraciones anteriores, el kirchnerismo se especializó en usar el dinero que no le pertenecía a través de la publicidad oficial para intentar destruir a quienes no pensaban igual. Perfil tuvo el extraño privilegio de haber sido atacado con esa metodología desde el primero y hasta el último día de esa gestión”.
González, que dirigió la revista Noticias desde la asunción de Néstor Kirchner hasta enero de 2011, recordó que fue por recomendación de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) que la editorial decidió iniciarle un juicio al Estado por discriminación y que recién en 2014, casi cuatro años después de que la Corte Suprema se expidiera a su favor, recibió el primer aviso oficial: uno pequeño destinado a difamar a la editorial. “Cuando iniciamos ese reclamo sabíamos que el castigo iba a ser peor, pero teníamos el sueño de que algún día un fallo favorable pudiera sentar jurisprudencia para otros medios y que el Congreso de la Nación tomara nuestro caso para legislar hacia delante e impedir que otros vuelvan a pasar por lo que nosotros y otros medios debimos atravesar”.
Son cinco los anteproyectos de ley que se encuentran en esa Cámara. Pertenecen a las senadoras Marta Varela y Laura Rodríguez Machado (ambas del PRO, un proyecto conjunto), Liliana Negre de Alonso (justicialista de San Luis) y María Odarda (Frente Progresista); y a los senadores Juan Marino (UCR) y Jaime Linares (GEN). En todos ellos se hace mención al antecedente de Perfil.
González instó a que el proyecto que finalmente se convierta en ley impida el uso de la publicidad oficial para otro uso que no sea el de comunicar actos de gobierno y para que se castiguen los intentos porque esos fondos vuelvan a ser usados como premio y castigo. Pidió que el reparto de esos avisos siga criterios razonables que consideren la importancia, trayectoria y alcance de los medios, como así también la cantidad de empleo que cada uno de ellos genera (“evitando que se vuelvan a inventar sellos de goma cuyo único fin era traficar este tipo de publicidad”). Pero señaló que esa distribución debe ser implementada con el cuidado de que no sea utilizada ni para incentivar la supremacía de algunos ni para despreciar el alcance de medios más pequeños que puedan representar intereses específicos a tener en cuenta. Asimismo, requirió que se generen informes mensuales para que cualquiera pueda controlar el manejo de esos fondos, y que se establezca por ley un tiempo razonable y acotado para que esos avisos sean pagados (es una mala costumbre que el Estado demore hasta más de un año su pago).
Al concluir, el periodista de Perfil exhortó a que se forme una comisión investigadora para revisar “el accionar de funcionarios y supuestos empresarios que constituyeron esa suerte de asociación ilícita en torno a la publicidad oficial” durante el kirchnerismo. Tanto la senadora Teresita Luna (FPV) como el senador Marino, se mostraron favorables a esa investigación.
Anteriormente habían hablado representantes de distintos medios. Martín Etchevers, gerente de Comunicaciones del grupo Clarín (“La publicidad oficial no es subsidiar medios. La asignación de pauta oficial histórica no ha sido proporcional a nuestros niveles de audiencia”.); Javier Borelli, del diario Tiempo Argentino (“Tiene que haber criterios de medición homologados. El alcance de los medios no debe ser el único criterio de distribución”); Julio Flores, representante de la Asociación Jujeña de Trabajadores de Prensa (instó a que esa pauta “tenga un alcance concreto y seguro a todos los medios, dentro de ellos los comunitarios”); Jorge Calvetti, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (“Es una buena idea que haya un organismo en cada provincia al que nosotros podamos recurrir para solicitar publicidad oficial”); Julio Delgado, de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de Argentina (“La publicidad le debe llegar a todos los argentinos bajo las mismas condiciones y el Estado nacional debe ser el garante de este derecho”) y Matías Longoni, periodista de Clarín y miembro de FOPEA ("Se debería establecer un sistema de puntajes y que se reconozca hacer un buen periodismo, que no es bueno porque llegue a más gente sino que cumpla otra serie de requisitos a la hora de distribuir la publicidad oficial").
El senador Marino, autor de uno de los anteproyectos, sostuvo que con el fin de la ronda de debates, se “ha cumplido con el objetivo propuesto” y cuestionó a los empresarios que se enriquecieron con la publicidad oficial.
Para el cierre de la reunión, la senadora Liliana Fellner (FPV, preside la Comisión que lleva adelante este tema) informó que en los próximos días trabajarán para unificar las iniciativas presentadas en un único proyecto de ley.
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