OPINIóN
Política

La Argentina es una sociedad en movimiento

Reclama por sus derechos de forma pacífica y se organiza como puede para atender los problemas comunes. El Estado debe estar presente también.

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Millones de argentinas y argentinos todos los días hacen un esfuerzo extra. Donan parte de su tiempo en un movimiento social, una asociación civil, el club del barrio, la cooperadora de la escuela, el centro de jubilados, la sociedad de fomento, la cooperativa, la asamblea vecinal, una agrupación contra la violencia de género, el movimiento ecológico, la comunidad eclesial o el centro de estudiantes. 

Atienden comedores y merenderos, dan apoyo escolar, organizan colectas solidarias, pintan la pared de un asilo o un hospital, piensan en cómo mejorar su escuela, su club, su barrio, su ciudad. Aportan lo que saben, ponen el cuerpo, se esfuerzan por los demás. Rompen el individualismo y apuestan por una salida colectiva.

La ola de solidaridad por las personas que están en situación de calle y sufren las duras condiciones climáticas del invierno fue una nueva muestra de esa red que nos une y que impide que caigamos al vacío, pese a la dramática situación social que sufrimos en estos últimos años. Queda claro que la Argentina es una sociedad en movimiento, que reclama por sus derechos de forma pacífica y que se organiza como puede para atender los problemas comunes.

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Hoy esas asociaciones de la sociedad civil, más o menos estructuradas, más o menos institucionalizadas, están en una situación de emergencia: ven cómo crece la demanda social, pero están más complicadas para llevar adelante sus acciones. Las escuelas, los comederos y merenderos no dan abasto y tratan de atender cómo pueden las consecuencias directas y cotidianas del aumento en los indicadores de indigencia, pobreza y desocupación. En muchos casos, estas entidades sufren un “cepo a la solidaridad”, porque deben afrontar costos laborales, pagos de impuestos, tasas y tarifas, entre otros rubros, prácticamente en las mismas condiciones que las actividades que se realizan con fines de lucro.

El Estado no puede seguir atrás de esta potencia social. Estas organizaciones civiles y religiosas son parte y protagonistas en el ámbito comunitario, muchas veces articulando acciones junto a los Estados nacionales, provinciales y municipales. Es indudable que ayudan a “acercar el Estado a la gente” y que cumplen una gran función en la promoción social. Pero también es indudable que a estas organizaciones les cuesta funcionar porque no pueden mantener y fortalecer sus equipos y solventar los altos costos de funcionamiento

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Desde ya que estas entidades sin fines de lucro no pueden reemplazar las obligaciones a cargo del Estado, pero son complementarias porque brindan un servicio de interés público que debe ser reconocido y promovido institucionalmente. Cuentan con una reconocida e irreemplazable presencia territorial en cada rincón del país y con una gran cantidad de trabajadores y de voluntarios que es responsabilidad del Estado fortalecer y promover por medio de una nueva política pública. Merecen una urgente reparación histórica por sus servicios solidarios a favor de la vida, de la dignidad, de los derechos y del pleno desarrollo humano, familiar y social. 

Se vuelve relevante pensar en una nueva institucionalidad de la gestión política y el Estado. Por un lado, tenemos el reto de generar una relación madura -que eluda la sumisión y la “verticalización”- con los gobiernos. Por otro lado, hay que pensar estrategias que permitan superar el carácter muchas veces fragmentario y disperso de las acciones instrumentadas por estas organizaciones sociales. Se trata de generar estructuras que sean flexibles pero permanentes y que generen espacios de encuentro, intercambio, reflexión e investigación que permitan vislumbrar la planificación de potenciales acciones conjuntas entre las distintas organizaciones civiles y religiosas, sin por ello establecer relaciones asimétricas ni burocráticas entre los distintos integrantes; y, a la vez, resguardando la identidad particular de cada una de ellas.

No tengo dudas de que en el Siglo XXI el trabajo solidario tendrá cada vez una mayor demanda por el crecimiento de los servicios de prevención y asistencia de las adicciones; de violencias y desigualdades contra las mujeres, y por el cuidado de niños y de adultos mayores. Para afrontar esos desafíos necesitamos de un gobierno inteligente y abierto, que fije los objetivos centrales y que esté atento a las necesidades y a las propuestas de cada uno de los estados municipales y de las organizaciones que se ocupan de estos temas en cada uno de los territorios de nuestro país.

CP