Hace casi 4 años, allá por octubre de 2015 la Argentina daba un paso clave hacia un proyecto integrador: la elección directa de los diputados regionales del Parlamento del Mercosur (PARLASUR), organismo creado en el 2005 con la intención de establecer una legislación común y consolidar a una misma agenda suramericana. Por primera vez, la integración regional dejaba de ser un coto vedado de las cancillerías y los Presidentes, y tenía un espacio político conformado por la voluntad de los y las ciudadanas.
Desde los inicios del Siglo XXI, la región ha ido creando y fortaleciendo instituciones destinadas a su integración como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Consejo Sudamericano de Defensa, el PARLASUR entre otras.
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Desde allí se pensaron iniciativas tendientes al crecimiento y al desarrollo de la región tales como la creación de un organismo financiero regional como el Banco del Sur, la generación de un marco normativo internacional que proteja la soberanía económica de los países frente al ataque de capitales especulativos, la integración logística, tecnológica, de transporte y de comunicación, la complementariedad de las economías regionales, la defensa de la soberanía territorial y de los recursos naturales entendida como una cuestión continental, una política regional soberana en materia de drogas y un plan de desarrollo social y cultural que integre a toda región.
En los últimos años hubo un claro retroceso en esta materia, sobre todo en América del Sur, con la gestión de gobiernos como el de Mauricio Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Mario Abdo Benítez en Paraguay, Iván Duque en Colombia y Lenin Moreno en Ecuador, cambiando de manera rotunda la política exterior de cada uno de sus países para la región.
Desde su asunción, Mauricio Macri ha resquebrajado los procesos de integración vigentes, parafraseando a Jose Paradiso, asumió el papel de agente activo de la deslatinoamericanización. En un principio suspendiendo los pagos a los representantes del PARLASUR legítimamente electos y luego declarando, junto a los gobiernos de Brasil, Paraguay, Ecuador, Colombia, Chile y Perú, la salida de la Argentina de UNASUR.
Cuando Mauricio Macri explicó este último suceso lo hizo argumentando la crisis que atravesaba el organismo. Seguramente desconocía las importantes intervenciones que el UNASUR tuvo en su corta pero intensa trayectoria. Solo por citar algunas: su papel en la crisis política de Bolivia en 2008, su defensa de la democracia y el orden constitucional durante el golpe militar contra el presidente Zelaya en Honduras en 2009; su papel mediador ante la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela en 2010, y su firme condena al intento de golpe de Estado y secuestro del Presidente ecuatoriano Rafael Correa en el Hospital de la Policía Nacional en 2010.
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Volviendo al PARLASUR, no alcanzándole con vaciarlo presupuestariamente, ahora fue por más y eliminó la elección directa de los parlasureños, fijadas por la Ley 27.120 sancionada en diciembre de 2014. La falta de convocatoria para la elección de los parlamentarios en los próximos comicios preocupa de sobremanera ya que incrementa el debilitamiento institucional.
Decisiones tan trascendentes para el futuro de la región no pueden ser tomadas por decreto, desconociendo la legalidad y los mecanismos institucionales vigentes. Un Gobierno que en su discurso hace bandera de la separación de poderes del Estado, pretende derogar por decreto una ley nacional.
Siguiendo esta línea y ante la acción de amparo presentada por el Partido Justicialista, la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría avaló la decisión del gobierno de Cambiemos de excluir de la convocatoria a las elecciones nacionales la categoría de parlamentarios del Mercosur, intimándolo a “dar cumplimiento con el trámite legislativo”.
Sorpresivamente este hecho, que significa un claro retroceso en el proceso de integración regional fue invisibilizado en la agenda pública y electoral. Ni el homenaje a Martín Miguel de Güemes ni el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana lograron despertar la alerta del hecho de que sin Integración regional nunca lograremos el crecimiento y el Desarrollo que nuestro país tanto anhela.
Es hora de que las distintas fuerzas políticas comprendan que la institucionalidad y el fortalecimiento de las instancias de integración regional no pueden estar sujetas a la voluntad unilateral y autoritaria del gobierno de turno, y defiendan en el ámbito legislativo los logros alcanzados con la ley 27.120. La Integración Regional debe ser una Política de Estado.
* Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador.
