Se cumplieron 37 años de la finalización de la guerra de Malvinas. En estas casi cuatro décadas, más de 120 exsoldados denunciaron a la justicia argentina que sufrieron torturas por parte de sus superiores. Sin embargo, existe una porción de la sociedad, integrada por las fuerzas armadas y determinados medios de comunicación que, en un claro proceso de revictimización, intentan desacreditar las voces de los padecientes.
El 24 de junio, Adrián Pignatelli publicó en Infobae una nota que narra “la [supuesta] dramática historia del regimiento que resistió un brutal aislamiento y la peligrosa misión para enviarles ayuda”. El Regimiento en cuestión es el 5 de Infantería (RI5), que a la fecha presenta la particularidad de haber estado integrado por 26 miembros que están llamados a prestar declaración indagatoria por el Juzgado Federal de Río Grande, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Se trata de Garde, Affranchino Rumi, Gassino, Ferrante, Samyn Duco, Díaz, Manzur, Linares, Hernández, Tamareu, Romano, Caro, Guevara, Contreras, Gabriel Rivero, Albarracín, Leiva, Calderini, Parada, Terán, Cadelago, López, Vleck y Masiriz.
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La nota en cuestión narra una supuesta proeza militar, y la geolocaliza en Puerto Yapeyú (Howard), sitio en que se cometieron los hechos por los que la justicia indagará a los militares mencionados. ¿Por qué entonces aparecen estos relatos? ¿Qué íntimas relaciones existen entre las personas acusadas de haber cometido torturas y quienes operan (alegando) en su nombre? Estos interrogantes son los que realizan las víctimas, dispersas por todo el territorio nacional, a quienes representamos desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
La República Argentina ha suscrito diversos instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos en los que se obliga a investigar y eventualmente condenar las graves violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran, claro, las torturas. A su vez, debe hacerlo conforme a los estándares que rigen la materia, por lo que no puede anteponer institutos de derecho interno, como la prescripción, para eludir sus compromisos, a saber, alcanzar la verdad y la justicia.
La causa 1.777/07 lleva 12 años. En ella hay 95 militares investigados, por más de 100 casos denunciados. ¿De qué se los acusa? Estaqueamiento, enterramiento de los soldados desnudos hasta el cuello, obligar a los soldados a sumergirse en agua helada, golpes, disparos, picana con teléfonos de campaña, homicidio, entre otras prácticas. A su vez, el Estado genocida que llevó adelante las acciones bélicas montó, al término de la guerra, un aparato de inteligencia y acción psicológica tendiente a que los soldados guardaran silencio. Para ello los amedrentó, realizó seguimientos, utilizó todo el poder estatal para que los hechos en cuestión quedaran impunes.
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Es por ello que los relatos como el del artículo periodístico de Pignatelli generan angustia a las víctimas y por ende, incurren en el mentado proceso de revictimización. En él se exhibe, por ejemplo, una fotografía de Juan Ramón Mabragaña, quien fue denunciado en el expediente y falleció en 2016 sin haber dado nunca explicaciones por los delitos de los que se lo acusó. Nuevamente, un medio de comunicación haciendo las veces de Juez, e intentando purgar el nombre de quien debió comparecer a la Justicia.
Nos encontramos frente a un punto de inflexión. Por ello es indispensable comprender que, en relación a la causa en la que se investigan las torturas en Malvinas, o se está en favor de que el Poder Judicial investigue, o se es cómplice de los hechos y garante de la impunidad.
*Abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. @jerogi
