La semana pasada el Gobierno tomó algunas decisiones cuya sinceridad y sensatez generó cierto alivio. Reconoció, incluso por boca del mismo presidente en su visita a Mendoza, que la crisis era muy seria, y que la responsabilidad era exclusivamente de los argentinos. Este giro, al menos desde lo discursivo, permite especular que el Gobierno ha ingresado en una nueva etapa en lo que refiere al abordaje de los desafíos económicos y sociales del país.
Este discurso se dio en concurrencia con hechos y decisiones relevantes para la gestión económica. Por una parte, una severa depreciación del peso (aumento del dólar). Por otra, un cambio en el régimen de retenciones a las exportaciones, la solicitud de la ampliación del préstamo al FMI, y la decisión de reducir el número de ministerios del gobierno nacional.
Ahora bien, el interrogante es si estas novedades promoverán por sí el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica, y promoverán las condiciones para un crecimiento sostenido con mayor inclusión social. Una evaluación preliminar permite afirmar que no son suficientes para lograr tales objetivos.
Como muestra vale analizar la cuestión cambiaria. Para que el aumento del dólar tenga efectos positivos en la economía real, se requiere, por una parte, que sea un aumento del tipo de cambio “real”, esto es, que la inflación que se acumule de aquí en más sea bastante inferior al aumento del dólar. Por otra, que este mayor tipo de cambio real se mantenga por muchos años y que los agentes, con el paso de los meses, crean que será así. Solo de esta forma lo incorporarán en sus expectativas, y los incentivará a realizar mayores inversiones en el sector transable y mantener sus ahorros en pesos en el sistema financiero.
Para lograr un aumento del tipo de cambio real sostenido en el tiempo se necesita, a su vez, tomar otras decisiones. Primero, diseñar y aplicar una política para “matar la inflación”, no dentro de algunos años, sino en el corto plazo. Las actuales tasas de inflación y de interés hacen inviable cualquier decisión que requiera un horizonte superior al mes, y además generan mucha incertidumbre sobre el tipo de cambio real de mediano plazo. Esta política antinflacionaria consistente y de rápidos resultados, debería estar acompañada de un proceso de modernización del Estado y de las regulaciones económicas, tal que se garantice desde lo institucional la creación de condiciones que favorezcan la inversión productiva, las exportaciones y el ahorro en pesos a largo plazo.
En síntesis, el conjunto de medidas económicas debe llegar a conformar rápidamente un programa de estabilización y de crecimiento, consistente y creíble; aplicado por un equipo económico solvente y cohesionado, y con poder político suficiente para tomar decisiones rápidas y significativas en varios frentes de manera simultánea. En caso contrario, se hará más difícil que el país se ponga definitivamente de pie, que se pueda reducir la pobreza, y que la población crea que todos los sacrificios que están realizando tienen sentido.
Si bien el dicho es “que lo urgente no le quite tiempo a lo importante”, en este caso, lo urgente y lo importante son la misma cosa.
(*) Director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador (USAL)
