#PeriodismoPuro es un nuevo formato de entrevistas exclusivas con el toque distintivo de Perfil. Mano a mano con las figuras políticas que marcan el rumbo de la actualidad argentina, Fontevecchia llega a fondo, desmenuzando argumentos y logrando exponer cómo piensan los mayores actores del plano del poder. Todas las semanas en perfil.com/PeriodismoPuro.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, brindó una entrevista exclusiva al presidente y CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia. En la conversación, que estará disponible por completo este lunes en Perfil.com, la funcionaria respondió sobre la compra del inmueble.
—Doctora, entro en el tema de la supuesta corrupción que le toca a usted, que es la del edificio de la calle Perón 667, donde hoy funciona el Ministerio Fiscal. ¿Por qué la han llamado a indagatoria y cuál es su mirada respecto del pedido del fiscal y de la decisión del juez de convocarla?
—Le repito, esto lo enmarco dentro de un engranaje más de este proceso en el que se busca el desplazamiento de la procuradora, y lo anunciaron los principales editorialistas de la secuencia: los diarios más poderosos del país. La secuencia iba a ser indagatoria, procesamiento, decreto. Se alzaron muchas voces, incluso dentro de la propia coalición que conforma el Gobierno. Yo tengo absoluta tranquilidad sobre la causa. El tema es así: esta licitación, adjudicada al edificio de Perón que era patrimonio histórico de la familia Bemberg, la ganó el oferente que ofreció el mejor precio, que además era inferior a la tasación oficial. Entonces uno piensa: “Bueno, si ganó el más barato, ¿dónde está la trampa? ¿Qué, no se presentó nadie?”. No, sí se presentaron. Hubo cinco oferentes más que en las licitaciones anteriores. Tres habían fracasado y yo estaba habilitada para hacer una compra directa, así que si quería manipular una adquisición, ¿para qué me iba a rodear de todo un procedimiento público? Ese procedimiento fue público, y yo desafío a que me muestren otro expediente de licitación que tenga más controles que éste, porque realmente no creo que exista. Intervinieron 24 funcionarios de distintas áreas de la Procuración, Presupuesto, Arquitectura, Planificación Edilicia, Contrataciones, Informática, la Secretaría General de Administración, a cargo de personas que hace diez, veinte años estaban en la Procuración, Logística, la Asesoría Jurídica que es la que controló toda la elaboración del pliego y la adjudicación que no firmó una persona sino cinco funcionarios. Más algo que ya funcionaba en la época de Righi: una Comisión de Adjudicación formada por letrados de distintas áreas de la Procuración. Un proceso de la mayor transparencia. Desde el primer día le remití a la comisión bicameral todo el expediente, hicieron un montón de audiencias a lo largo de uno o dos meses donde nunca citaron a nadie. No lo hicieron porque tuvieron el expediente para ver que no había nada que observar. Luego se intenta darle un color a lo que no tenía con una citación que pide un fiscal, donde se menciona como “sospechoso” que se haya incluido en el pliego la exigencia de una cochera y un auditorio. ¿Sospechoso pedir una cochera para un edificio en el Microcentro? ¿Y un auditorio para reuniones institucionales? En fin. Si eso es sospechoso es porque, de verdad, no hay nada serio para decir. Sumado a esta hipótesis que inventa el fiscal, yo me habría repartido una cifra que hoy serían 80 mil dólares con otros cinco funcionarios, miti-miti. Con lo cual me hubiesen quedado 13.333 mil dólares. O sea, ¡armé una compra para robarme ese dinero cuando por mis manos pasaron miles de millones cuando durante 13 años fue fiscal general de la Cámara Comercial! Usted vio en qué barrio vivo, en qué casa vivo. Todo mi movimiento financiero es la cuenta de ahorro sueldo que tengo hace treinta años donde entra lo que gano y sale lo que gasto. No tengo sociedades offshore ni cuentas en el exterior. Por lo tanto creo que la hipótesis del fiscal es, al menos, extravagante.
—¿Usted cree que el fiscal y el juez que confirma el llamado a indagatoria son parte de este objetivo de instalar la idea de que usted tendría que dejar de ser procuradora?
—Sé que el fiscal tuvo fuertes presiones. El juez delegó la causa, él construyó la hipótesis de acusación y el juez ahora la retoma. Pero pienso que alguien le pondrá un límite a esto.
—Entiendo su argumento respecto de que cinco funcionarios se repartan una cantidad de dinero ínfima, que no guardaría relación con el monto de las causas que usted ha manejado; y puedo entender que se sienta muy segura de usted misma. Ahora, si uno lee el dictamen del fiscal y del juez llamando a indagatoria, y analiza el comportamiento de Guillermo Bellingi, su colaborador, queda la sensación de que realmente hubo corrupción. Casi que está probado, si se mira la fecha del escribano certificando el llamado a una licitación… que no se había producido. Nadie paga tres veces más una comisión inmobiliaria, que no suele ser mayor a un 3,4%. Es decir, la sensación que queda es que este señor realmente participó de un acto de corrupción, más allá de que usted no haya tenido nada que ver.
—Mire, esta irregularidad que usted bien dice y que debe ser materia de investigación no surge en absoluto del expediente. Nosotros nos enteramos por los medios de lo que cobró el medio hermano de este señor Guillermo. Que no es que fuera mi colaborador, digo, porque en algunos medios dijeron que era como mi mano derecha y no, nada que ver. Es un hombre que había escrito con Poder Ciudadano una obra llamada Contratos públicos transparentes, y como parte del rediseño del proyecto incluía agilizar los procesos de contrataciones y hacerlos más transparentes, se lo contrató.
—¿Usted no lo conocía de antes?
—No lo conocía. Ni lo busqué yo. Lo googleó la oficina de Recursos Humanos, pidió recomendaciones y esta persona tenía cátedras, aparecía como experto en el tema contrataciones y nosotros teníamos que rehacer los reglamentos. Se le dio por función agilizar los circuitos de información para los trámites. Ahora, si su medio hermano cobró tres millones de pesos como comisión por parte de la inmobiliaria, bueno, eso no es dinero que haya salido del Estado. La comisión que los vendedores, la familia Bemberg, pagó a la inmobiliaria es singularmente elevada, pero eso habría que preguntárselo a ellos. De esa cifra una parte la cobra el hermano y lo que hay que investigar es si efectivamente hubo una venta de humo. ¿Por qué digo venta de humo? Porque si usted mira el expediente no hay ninguna irregularidad: mejor precio, incluso inferior a la tasación, 24 funcionarios controlando el trámite. Hay que investigar qué acuerdo tenía el medio hermano de Bellingi, qué participación tuvo él en el acuerdo con la inmobiliaria, hecho que está fuera del expediente y que, por esa razón, recién nos enteramos a través de los medios. Ahora, ¿forzar un nexo entre Guillermo Bellingi y la procuradora? No lo hay. Sólo era un empleado que realizó un acuerdo con la inmobiliaria del vendedor.
—Asumamos por un instante de que usted no tiene nada que ver con esto. Cuando uno mira los argumentos que están en la causa, suena inexplicable por qué la familia Bemberg firma un acuerdo con esta inmobiliaria en la que acepta pagar un porcentaje fuera de lo normal: 5% si la venta se realizaba en cinco millones de dólares, 10% si se realizaba en más de siete y 15% si superaba los nueve, todo por la gestión, preparación y trámites de presentación de la documentación correspondiente al pliego. Y se agrega: Licitación Pública Número 1 de 2013. En la fecha certificada por escribano público, la licitación no se había presentado.
—Hubo tres licitaciones anteriores. Se sabía que seguíamos buscando. Además hacían investigaciones de mercado antes de hacer la licitación. Por eso es posible que algunos propietarios de edificios supieran antes de que la licitación se abriera.
—Quiero seguir su línea de pensamiento cuando usted me plantea de seguir la ruta del dinero, por ejemplo, en la droga. Entonces le pido que usted se ponga en fiscal.
—Mi línea de pensamiento es que hay que investigar si hubo un hecho de corrupción. E investigarlo con el mayor rigor.
—Uno mira esto y piensa: “Está claro que este señor hizo uso indebido de una información”. Es el medio hermano del señor en la licitación el que cobra el doble o el triple de la comisión. Luego, la inmobiliaria no estaba autorizada para ser proveedor del Estado.
—No, sí estaba. No era un proveedor de insumos, se estaba comprando un edificio.
—Mire, aquí en la causa dice que...
—Eso que está leyendo no forma parte del expediente de licitación. Es un acuerdo privado entre el vendedor y su inmobiliaria.
—Yo sólo intento aclarar la situación. No la suya, sino la de la compra del edificio, más allá de que usted no tenga que ver. Acá lo que se explica es que no tenían la habilitación como proveedor del Estado que el pliego licitatorio requería. Se había previsto sacar el ítem de las exigencias del pliego y presentarlo a posteriori.
—Ah, ya sé a lo que usted se refiere. La autorización para contratar con el Estado, que es un documento fiscal, se requiere en el momento de la firma. Es como un certificado que tiene una validez de tres meses. En su momento se observó que no era necesario pedirlo al principio. Ya habían fracasado tres licitaciones, entonces pedirlo al principio, cuando ese documento tiene tres meses de validez y la licitación siempre dura más de tres meses, era como un obstáculo. Se estableció pedirlo en el momento de la firma, pero eso no fue para favorecer a nadie, sino a todos. En la mayoría de las licitaciones es así
—Leo el dictamen de Julián Ercolini. ¿No siente usted, doctora, que tuvo un colaborador infiel?
—Es posible. Pero le aclaro que tengo cinco mil.
—Bueno, pero éste era, digamos, alguien importante.
—Tampoco importante. Un asesor.
—Número dos de contratación, ¿cuál es su...?
—No. Tenía cargo de subdirector de Administración, que no es un cargo elevado aunque suene importante.
—De contrataciones.
—Era un asesor del área de contrataciones. Vino para realizar un nuevo reglamento, para estudiar cómo era el funcionamiento de la administración.
—Era como el lobo en el gallinero, parece.
—No puedo decir nada. Porque hay una causa penal en trámite, hay un disciplinario en trámite, entonces yo no debo hacer ninguna insinuación. Esta persona tenía antecedentes en esa materia, por eso se la contrata. No la conocía, no era mi colaborador directo. Lo vi dos o tres veces en todos estos años, en reuniones generales, no era de mi gabinete, no era de mi equipo.
—Usted, de hecho, una vez radicada la denuncia lo suspendió en el cargo...
—Sí, se inició un disciplinario y lo suspendí.
—Si lo que leí es correcto, hizo un reclamo, volvió a la biblioteca de la fiscalía y sigue cobrando su sueldo.
—Se venció el plazo que está previsto reglamentariamente para la suspensión y, bueno, se espera que sea inminente el pronunciamiento del instructor del sumario, que es el fiscal de Investigaciones Administrativas.
—Claro. Pero que vuelva a trabajar una persona sobre la que existen tan fundadas sospechas… ¿Resulta lógico?
—Por eso está en la biblioteca, lejos de la actividad jurisdiccion, mientras es proceso siga en marcha, y espero que pronto se pueda resolver definitivamente si estuvo implicado o no, si va a ser cesanteado o seguirá en funciones. Otra cosa no se pudo hacer
—¿La amargó mucho?
—Sí, mucho. Porque el edificio Perón fue como una parte central de la visión estratégica de este nuevo Ministerio Público Fiscal. Sé que el Estado no sufrió perjuicio alguno, al contrario: adquirió barato un inmueble que es un patrimonio histórico de la familia Bemberg.
—Uno podría decir que este hombre estafó a los Bemberg porque igual hubieran comprado ese edificio sin tener que pagar siete millones de pesos de comisión.
—Usted lo ha dicho. No tengo idea de por qué pagaron ese 10%. Pero no había que pagar nada a nadie para que Arfinsa, la empresa de los Bemberg, ganara esa licitación. Eso se ve claramente en el trámite, por eso jamás en los dos meses que la comisión bicameral tuvo el expediente se hizo una sola pregunta, no llamaron a ninguno de los funcionarios.
—Perdón, doctora, solamente para que el público lo tenga claro: ¿No hubiera sido posible que el hermano de este funcionario cobrase tres millones de pesos, un porcentaje normal de comisión por un edificio del valor del que se compró, y hayan tenido que subirlo a 10% para que la inmobiliaria pudiera cobrar? Es decir, el porcentaje está triplicado para que una parte vaya al hermano de este funcionario de la Procuraduría. Al menos ésa es la sospecha.
—Tanto como eso no sé. Lo que yo le puedo decir es que al no pagar comisión el Estado es probable que la inmobiliaria le haya dicho el vendedor, bueno, entonces me pagás vos el 6%. Ahora, ¿cómo se salta de ahí a 10? No lo sabemos.
—Cuando apareció la última parte de la denuncia muchos dijeron, bueno, aún si usted no tuviese responsabilidad alguna, le cabría la responsabilidad política de tener un funcionario que hizo esto. Supongamos que se prueba que las sospechas son fundadas. ¿Usted asume alguna responsabilidad respecto de la situación, independientemente de que al Estado no le haya costado dinero?
—Para asumir responsabilidad uno debe tener, en el ámbito penal, dominio del hecho. Eso quiere decir que conoció el hecho o debió haberlo conocido. En el político, tendría que haber dejado algo sin hacer, sin haber controlado. Pero si usted examina el expediente verá, y lo desafío, que no encuentra más áreas y más controles en otra licitación que en esta. Ejercí todos los controles, los funcionarios que avalaron son funcionarios de carrera de la Secretaría de Administración, de Logística, Arquitectura, de Planificación, de la Asesoría Jurídica, Auditoría Interna, mejor precio. Si un superior jerárquico va a ser responsable de lo que haga cualquier empleado infiel, entonces el presidente de la Nación sería responsable por cualquier hecho ilícito de toda la gran administración pública.
Encontrá el resto del material de la entrevista exclusiva de Fontevecchia a Gils Carbó en perfil.com/PeriodismoPuro
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