El mayor caso de presuntos abusos sexuales de la Iglesia Católica en la Argentina sigue avanzando en La Plata y uno de los principales acusados de haber cometido graves delitos contra niños sordos en el Instituto Provolo quedó más complicado. El juez Eduardo Silva Pelossi autorizó la traducción de un exhorto para ordenar la detención del religioso Eliseo José Pirmati, de 83 años, quien se encuentra en el norte de Italia. Así lo confirmaron fuentes judiciales a PERFIL.
El trámite estaba demorado desde hacía más de dos meses, como informó este medio, pero la semana pasada el magistrado autorizó la traducción del pedido de detención y extradición al idioma italiano y el expediente ya está en poder de un traductor oficial. Luego, deberá ser homologado por el presidente de la Corte Suprema bonaerense, Eduardo De Lázzari, y enviado a las autoridades de Italia, quienes deberán decidir si hacen lugar al pedido.
Pirmati es italiano, lo que le juega a favor ante un pedido de extradición del extranjero. Sin embargo, los investigadores y los denunciantes creen que la gravedad de los delitos de los que está acusado podría torcer gran parte de la jurisprudencia.
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Una investigación de L’Espresso de Milán y PERFIL dio con Pirmati a principios de junio en Verona, saliendo de misa a pocos metros de su residencia: la Casa Madre de la Congregación Stradone Antonio Provolo, en esa ciudad.
Pirmati está acusado de presunto “abuso sexual agravado, exhibiciones obscenas y corrupción de menores”, de acuerdo a la investigación de la fiscal Cecilia Corfield. Los denunciantes de Pirmati hoy son adultos pero entonces tenían entre 8 y 15 años. El religioso es “hermano” laico de la congregación y está acusado de tocar las partes íntimas de al menos un ex alumno del instituto en La Plata, llevarlo a dormir a su cama, observar a los niños mientras se bañaban, obligarlos a presenciar abusos a otros chicos y someterlos a castigos, de acuerdo a la causa judicial.
El interventor del Provolo, Alberto Bochatey, dijo que Pirmati se declara inocente pero que no quiere hacer declaraciones a la prensa.
El acusado vivió 43 años en la Argentina y dejó el país en diciembre de 2017, mientras avanzaba la investigación judicial. Para entonces, el ex director del Provolo, el sacerdote Nicola Bruno Corradi, ya estaba detenido en Mendoza por las denuncias de ex alumnos en la sede de Luján de Cuyo.
El primer juez de la causa había ordenado la detención y extradición de Pirmati a fines de abril. El magistrado luego dejó el cargo para asumir en otro tribunal.
El nuevo juez, Silva Pelossi, determinó en los últimos días que los delitos denunciados por los ex alumnos del internado platense no están prescriptos, aunque hubieran ocurrido durante los años 80 y 90. El juez entendió que los tratados internacionales protegen los derechos de los niños y niñas y de las personas con discapacidades, especialmente, frente a la gravedad de los hechos denunciados y ante la inacción de la Iglesia, el Vaticano y el Estado argentino.
