Cuatro narcos pagan los costos de un operativo destinado a evitar su fuga

El juez federal de El Dorado, Miguel Ángel Guerrero, debió actuar rápido: las conversaciones que emanaban de los teléfonos intervenidos a miembros de una organización narco daban cuenta de un plan de fuga de los cabecillas, alojados en la prisión cercana a la frontera con Paraguay, que incluía un traslado “usufructrado” a un Centro de Salud, el uso de armas y sicarios.

El operativo de traslado de Jorge y Antonio Guarié, Jorge Velázquez y Jorge Galeano fue tan inmediato y como costoso para Gendarmería. Los cuatro reclusos viajaron en helicóptero desde El Dorado a Posadas y continuaron el viaje a Buenos Aires, su destino final, en un avión dispuesto a tal fin. Todo el trayecto fue realizado bajo estrictas medidas de seguridad, ante el peligro latente de la fuga.

Según estimaciones de la Dirección General de Operaciones de esa fuerza de seguridad, la maniobra llevada a cabo el 2 de enero pasado, tuvo un gasto de 485.352 pesos y 6675 dólares, una suma que elevaron al juez para ser recuperada a través de un embargo preventivo, en el marco de la resolución 48/18 del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, que retomá dos artículos del Código Procesal Penal de la Nación que no eran aplicados.

Ante el reclamo, Guerrero abrió un incidente en el expediente y resolvió aprobar la medida cautelar. Siguiendo la premisa que Bullrich anunció con la resolución -que los condenados por delitos complejos, como el narcotráfico, “paguen penalmente y económicamente”- este martes trabó el embargo preventivo a cada uno de los implicados en la pretendida fuga por 600 mil pesos, debido a que consideró que fue su actitud la que generó la necesidad del operativo y, por consiguiente, el gasto al Estado.

Se trata de la primera condena en costas a narcotráficantes en el país, una práctica que ya se realiza en otros países como Inglanterra y Estados Unidos. La finalidad del embargo preventivo decretado es evitar la disposición de ciertos bienes de los imputados hasta el arribo de una sentencia definitiva. En caso de ser absueltos en juicio, las costas corren a cargo del Estado.

Para Gendarmería, no habituada al nuevo sistema, no fue sencillo. En la actualidad, las diferentes fuerzas federales desarrollan nuevos sistemas para agilizar la tarea que tendrá “múltiples beneficios”, indicó Diego Nazareno el Director Nacional de Articulación y Enlace con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, quien consideró que, si bien aún restan hacer algunos “ajustes”, como darle un canón a cada disciplina y pericias realizadas, el caso de El Dorado se constituyó en el primer paso en una nueva “perspectiva de cómo trabajar el delito no sólo orientada a reunir pruebas si no también a investigar dónde está el patrimonio de los condenados”. “Estamos sacando el dinero al delincuente y ponderamos al que lo persigue”. Permitirá, a la vez, “ejecutar mejor el presupuesto, que los jueces tomen dimensión de los gastos de las medidas que solicitan, el dinero que se recupera debe volver al presupuesto de la fuerza en juego para ser invertida en prevención del delito, es decir, capacitación, presencia policial y recursos tecnológicos”.

La banda

Los cuatro hombres trasladados fueron detenidos durante el procedimiento “Maderos Narcos”, en diciembre último, que incluyó el secuestro de tres toneladas de marihuana, valuada en unos 93 millones de pesos y la detención de15 miembros de la banda.

La investigación sobre esta organización comenzó en 2016, cuando se incautó 2500 kg de marihuana ocultos en un doble fondo de un camión proviniente de Misiones. La evidencia recolectada por la Dirección Antidrogas de Gendarmería Nacional, comandada por Gerardo Otero, develó la existencia de un clan familiar que comercializaba y distribuía la droga en camionetas y camiones. Tenían un modus operandi: camuflaban la marihuana entre maderas, las envolvían en grasa de litio y, por último, las ocultaban en dobles fondos de camiones para ser distribuida en la provincia de Buenos Aires.