Desmienten al testigo que desapareció la semana pasada
El juez Villafuerte Ruzo aclaró que Martínez fue procesado por mentir y hacerse pasar por víctima de terrorismo de Estado.
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Tlam.
El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo aclaró, mediante un comunicado, que Víctor Oscar Martínez, quien dijo haber sido secuestrado recientemente por su supuesta vinculación a un delito de lesa humanidad, fue procesado por falso testimonio e imputado por estafa años atrás, al intentar cobrar la indemnización a víctimas del terrorismo de Estado.
Asimismo, indicó que Martínez no había sido investigado por su juzgado por sus "creencias religiosas" como lo informó a la prensa días atrás su abogada defensora, Gabriela Scopel, sobre quien recordó que fue "sancionada con multa por inconductas procesales en ese expediente".
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De acuerdo con la agencia DyN, el juez señaló que el procesamiento contra Martínez fue confirmado en febrero por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Según Villafuerte Ruzo, Martínez incurrió en falso testimonio e intento de estafa cuando trató de "ponerse falsamente en el papel de víctima del terrorismo de Estado".
De ese modo, acotó, buscaba "poder cobrar la indemnización que otorga el Estado Nacional por intermedio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a tales personas".
No estaban "dentro del objeto procesal de la causa las distintas creencias religiosas de Martínez, tal como erróneamente lo ha informado su abogada defensora Gabriela Scopel", añadió el juez.
Los dichos de Villafuerte Ruzo surgen luego de las acusaciones contra el juzgado en el que se tramita la investigación sobre la muerte del obispo de San Nicolás, Horacio Ponce de León, en torno a una supuesta persecución religiosa en contra de Martínez.
Ante ello, el juzgado decidió informar sobre "datos objetivos" del contexto jurídico de las causas en trámite en las que se encuentra involucrado Martínez.
El comunicado enviado a DyN informa que Martínez estaba "procesado en la causa 29.026 exclusivamente por el delito de falso testimonio agravado e imputado por el delito de 'estafa contra la administración pública', en grado de tentativa, bajo la sospecha de falsear su testimonio” en la causa sobre Ponce de León.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron a DyN que si bien Martínez viajaba en el automóvil con Ponce de León cuando se produjo la muerte del prelado, en su primera declaración de 1977 dijo que no había visto nada porque dormía y en 1984 ante la CONADEP, declaró que había sido secuestrado, al parecer por presenciar el crimen del religioso, desde la sede de Prefectura de San Nicolás, donde cumplía el servicio militar.
Pese a todo ello, en 2006 afirmó que Ponce de León habría sido asesinado en plena ruta, luego de un impacto frontal con otro vehículo y mediante un culatazo de FAL que le destrozo el pecho, lo cual, sostuvo fue ordenado por el entonces Jefe del Batallón de San Nicolás Manuel Fernando Saint Amant, quien está procesado en causas por violaciones a los Derechos Humanos y espera ir a juicio oral.
En esa última declaración, Martínez dijo haber sido "secuestrado y sacado por un camión del Ejército desde la clínica en la que se encontraba internado, para ser llevado a un lugar en el que fue drogado y torturado hasta septiembre de 1977".
Sin embargo, los informantes consultados dijeron que, pese a esas versiones, en agosto Martínez firmó los recibos en los que recibió bienes que le dejó Ponce de León en su testamento.
El comunicado oficial del juez remarcó que la autopsia al cadáver del obispo "por unanimidad de los peritos intervinientes, incluidos los de parte, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema y del Equipo Argentino de Antropología Forense, se descartó la fractura de los huesos del tórax anunciada en forma testimonial por Martínez, lo cual puso en evidencia aún más la mendacidad de los dichos del nombrado".
En 2009, "sobre la base de numerosas pruebas testimoniales, documentales y periciales llevadas a cabo, Víctor Oscar Martínez fue procesado sin prisión preventiva" por falso testimonio, lo cual fue "confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en fallo unánime" el 8 de febrero de 2011.
