En tres meses separaron a 730 policías y se iniciaron cerca de 1.700 sumarios

El caso del subteniente Patricio Miguel Masana se volvió paradigmático. En la figura del policía detenido por el robo al intendente de La Plata concluyen varias de las irregularidades que un hombre de la fuerza de seguridad puede cometer: no sólo participaría en una banda de delincuentes dedicada a los asaltos, sino también a la venta de estupefacientes en fiestas electrónicas. Además, los investigadores hallaron en su casa numerosas planillas del sistema Polad – por el cual vende seguridad para eventos como los operativos de seguridad en estadios de fútbol- por la que creen, provendrían sus mayores ingresos. La pista que indica que Masana se financiaría con negocios ilícitos es su estilo de vida. Manejaba una camioneta 4x4 Mercedes Benz y alquilaba una vivienda de un exclusivo country de La Plata a unos 40 mil pesos mensuales, a la que no podría acceder con su salario de policía.  
El de Masana no es el único. Por el contrario. Fuentes oficiales indicaron a PERFIL que el panorama de la bonaerense en materia de connivencia y cobertura a delincuentes es preocupante. Desde que María Eugenia Vidal es gobernadora, entre el 10 de diciembre al 15 de marzo, se separaron de la fuerza a 730 efectivos y  se abrieron 1690 sumarios internos. Se estima que en 2016 ese número se cuadruplique.
A la vez, se detectó que en la gestión anterior de Daniel Scioli y Alejandro Granados “se protegió” a la policía. “Desde el grado de comisario para arriba, los sumarios se archivaban automáticamente y no se informaba a la justicia de la existencia de posibles delitos”, dijo a este diario una fuente calificada. En todo 2015, se abrieron 4200 sumarios. Pocos llegaron a las manos de un fiscal.
Tal es la masa de agentes vinculados al mundo delictivo que, incluso, desde el Gobierno elaboran un mapa de la connivencia policial para cruzar datos con investigaciones judiciales. Según datos a los que pudo acceder este diario, varios integrantes de la policía están envueltos en bandas de piratas del asfalto, organizaciones narco, secuestros extorsivos, desarmaderos y extorsiones (pago de “peajes” y coimas a cambio de beneficios como puede ser la fuga de una comisaría).
Las zonas en las que se detectaron mayores casos de uniformados vinculados a estos delitos -prestando cobertura, asistencia o participando activamente en el delito- son Quilmes, Pilar, Lanús, La Matanza, San Martín y Morón.
Como resultado de estos cruces, por ejemplo, entre enero y febrero de este año hubo una serie de allanamientos en el partido de San Martín donde en los que se detuvo a 149 personas y se secuestraron 135 autos adulterados, 28 motos y casi 400 autopartes.  
La política en cuanto a la dureza de las sanciones dará un giro de 180º. Ya no serán administrativas. Irán más allá. Según pudo averiguar PERFIL, el ministerio comandado por Cristian Ritondo liberará a Asuntos Internos de las faltas leves como las ausencias laborales (que engrosaban las estadísticas de la gestión anterior) y, en cambio, dirigirá la atención a causas pesadas.
Para lograrlo, capacitan a 60 comandos. Se espera que puedan sumarse otros diez hombres a ese grupo de elite, dedicado a atrapar a los malos policías. Ya realizan inspecciones sorpresivas en las comisarías. En algunas, se detectaron todo tipo de irregularidades.
Tal como anunció este viernes Vidal, se harán tareas de inteligencia para llevar a los responsables a la justicia penal.  
Uno de los puntos más importantes de la reforma será la publicación de las declaraciones de bienes desde la jerarquía de subcomisarios en adelante. Se prestará especial atención a las posesiones de los uniformados.  Si bien en el Ministerio prefieren la palabra “reestructuración”, la purga en la bonaerense comenzó a tomar forma.

Confeccionan un mapa de connivencia

El Gobierno de Vidal confecciona un mapa de la connivencia de la policía bonaerense con organizaciones criminales que operan en la región. Según datos preliminares, el foco de la conflictividad está en los partidos de Quilmes, Lanús, Morón, Pilar, La Matanza y San Martín.
La triple fuga de Víctor Schilacchi y los hermanos Cristian y Martín Lanatta, no sólo puso de manifiesto irregularidades en el Servicio Penitenciario Bonaerense, sino también en la fuerza de Seguridad. Fueron desplazados nueve jefes y, en el marco de la misma causa, trascendió el vinculo del comisario Leonardo Julián y Marcelo “El Faraón” Melnyk, acusado de colaborar con los evadidos.
Fuentes de la investigación, indicaron a PERFIL que el subteniente implicado en el caso del intendente de La Plata “actuaba con total impunidad”, por lo que fueron pasados a disponibilidad preventiva el comisario Marcelo Cifuentes y el subcomisario Carlos Arias, superiores de Masana. La ausencia de capacitación es otro tema que inquieta al Ministerio. Esta semana un patrullero se incrustó en una casa y mató a un joven. Se trata del tercer caso en 40 días.