La increíble historia del juez riojano detenido como autor de un crímen que él mismo investigaba
Había ordenado varias detenciones.
Los fiscales descubrieron que estaba implicado en el hecho, hubo desafuero
relámpago y ya está preso.
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Cedoc
El juez de Instrucción riojano Walter Moreno fue imputado y detenido esta noche por "robo y homicidio calificado" a raíz del crimen del empresario Jorge Ormeño, causa que estaba bajo su investigación y por la cual fue suspendido por el Tribunal Superior. El fiscal general de La Rioja, Claudio Ana, informó que junto al magistrado fueron imputados dos policías, un civil y un ex gendarme, y que el instructor de la causa, juez Alfredo Ramos, "solicitó el desafuero" de Moreno a la Legislatura, lo que fue concedido esta misma noche.
Tras el desafuero, Moreno fue detenido poco antes de las 22 en el Hotel Imperial, de esta ciudad, y luego fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, confirmó a la prensa el jefe de Policía riojano, comisario Luis Angulo. Ana explicó en conferencia de prensa con el ministro de Gobierno, Carlos Luna, y tres fiscales que investigan el crimen, que para acusar a Moreno y sus posibles cómplices "el ministerio público trabajó con dos equipos, uno en Villa Unión y el otro en la capital" riojana. "Tomaron múltiples testimonios y se trabajó con la división homicidios de la policía, en especial la sección Comunicaciones, que analizó el tráfico telefónico entre determinadas personas", destacó. De ese modo, se refirió a las llamadas telefónicas que al parecer mantuvieron Moreno y los demás imputados la noche del 8 de abril, cuando fue perpetrado el crimen de Ormeño.
El fiscal general explicó que hoy los fiscales Alberto Ocampo, Julián de la Colina y Cecilia Moreno "hicieron una presentación ante el juez Ramos imputando con el delito de robo y homicidio calificado en calidad de co-autor a Walter Sinesio Moreno". El juez Ramos resolvió "solicitar el desafuero del juez Walter Sinesio Moreno" y, tras concedérsele el pedido, lo detuvo esta noche.
En ese marco, señaló que de acuerdo a la investigación que ordenó sobre el homicidio del empresario pudo determinar que el 8 de abril "Ormeño sale de su domicilio y se dirige a Tribunales para una reunión de negocios, venta de automóviles".
"De allí fue trasladado hacia el lugar donde lo golpean con distintos elementos y le causan la muerte y luego lo llevan al lugar donde se encontró el cuerpo, a varios kilómetros", en un paraje conocido como Zanja La Viuda, sostuvo el fiscal. Junto a Moreno fueron imputados Marcos Rodríguez y los policías Alcides Rodríguez y Omar Narváez, mientras en la madrugada de hoy el juez Ramos ordenó la detención del ex gendarme Mario Barrios, dijeron fuentes judiciales.
Además, Ramos decidió liberar a los detenidos por Moreno en la causa, Edith Casas, Bernardo Fabián y Miguel Díaz, según confirmó la abogada Soledad Varas, defensora de Casas.
Ormeño, de 55 años y dueño de varias concesionarias en la zona oeste de La Rioja, fue encontrado muerto en el interior de su camioneta Ford Ranger, que estaba en el fondo de un barranco, en la madrugada del 9 de abril. El cuerpo estaba golpeado, maniatado y había sido rociado con combustible, y la autopsia determinó que murió por un fuerte golpe en la base del cráneo.
Moreno, juez de instrucción de Villa Unión, actuó en primera instancia y dispuso la detención de tres personas, entre ellas una mujer y dos vendedores ambulantes. El abogado de la familia de Ormeño, Nicolás Azcurra, reveló a la justicia que la noche en que fue asesinado el empresario dejó su casa para reunirse con el juez Moreno y cerrar un trato comercial.
Ante ello, un fiscal pidió la inhibición de Moreno y el Tribunal Superior de Justicia ordenó la suspensión del magistrado. Por su parte, el ministro de Gobierno destacó que "los mecanismos de la Fiscalía General han funcionado de manera perfecta y positiva". "En la agenda de debate político aparece ahora la necesidad de revisar el mecanismo de designación de nuestros jueces, sobre todo a partir de las funciones Ejecutiva y Legislativa", dijo. Luna consideró necesario "desvincular totalmente al poder político, una vez que se designan jueces, del ejercicio de la función jurisdiccional".
