La Corte Suprema de Justicia resolvió cerrar la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal (SPF). No es un lugar de detención más: se la conoce como la alcaidía del Palacio, las celdas del subsuelo de la calle Lavalle por el que desfilan los detenidos cada vez que tienen que ser llevados ante el juez. Muchas veces es su primer contacto con una cárcel después de pasar por una comisaría. Hace un mes, la Procuración Penitenciaria la incluyó en un reporte de torturas y maltrato.
No es la primera vez que se habla de hacinamiento y malas condiciones en esa repartición. Entre 2011 y 2015, se reportaron 134 víctimas en un escenario donde había sólo dos baños sin agua, falta de ventilación y cucarachas. Llegó a haber dos muertes.
En 2016 se inhabilitó para hacer reformas. En diciembre pasado la situación se desmadró: con el sistema de flagrancia llegó a albergar a 171 detenidos in fragranti.
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Hace veinte días, el juez de instrucción Alberto Baños intimó al director de la Unidad 28 a limitar traslados y evitar que pasen allí más de una noche. El detonante fue el caso de un hombre que estuvo ahí dos semanas.
Esta semana, la Corte Suprema dispuso una “reorganización” en el Palacio: resolvió el traslado en breve de los tribunales penales a otro edificio aún por definir y disponer “la reubicación” de la Unidad 28 cercana a ese futuro lugar.
La alcaidía ya no dependerá de la Corte, sino de la Cámara del Crimen. Se le comunicó al Ministerio de Justicia de la Nación que se terminaba la cesión del espacio en el subsuelo para esa pequeña cárcel.
Más presos. La alcaidía se creó en 1981 pero desde entonces “con prácticamente la misma estructura, ha aumentado exponencialmente la cantidad de detenidos que quedan alojados en esa unidad en condiciones inapropiadas, lo cual fue reiteradamente señalado por esta Corte”, dijo la acordada a la que accedió PERFIL.
Los ministros sostuvieron que “la situación tiende a agravarse con el transcurso del tiempo” y “una vez más, corresponde intimar al SPF que garantice condiciones dignas de detención a las personas alojadas aIlí transitoriamente”.
“Celebramos esta decisión –dijo a PERFIL Ariel Cejas Meliare, a cargo de proteger los derechos humanos de los presos–.Hace años que venimos denunciando el hacinamiento y queremos que de una vez por todas se tome conciencia de lo que pasa. Actualmente hay unos 150 detenidos en la alcaldía. Entre 40 y 60 pasan las noches ahí cuando no deberían pernoctar. Esperemos que ahora esto cambie. Sabemos que no es inminente, pero después de tantos años es algo”.
