El comisario general presentó su renuncia en un escrito que redactó en el edificio Centinela de Gendarmería, donde permanece detenido desde el martes 25 de abril, en el marco de una causa por corrupción policial contra la Comisaría 35ª del barrio porteño de Núñez.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad informaron que el Gobierno aceptó la renuncia de Potocar.
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Ayer por la mañana la Cámara del Crimen porteña rechazó el pedido de excarcelación que había solicitado su defensa en la causa por la que fue procesado como organizador de una asociación ilícita.
Los integrantes de la Sala VII, Mauro Divito y Mariano Scotto, consideraron que el suspendido jefe de Policía, si es excarcelado, por las funciones y el cargo que desempeñó, podría sustraerse al accionar de la Justicia, o entorpecer el avance de la pesquisa, en la que todavía falta que declaren como testigos comerciantes y cuidacoches de esos barrios.
En la misma línea, el fiscal de Cámara Mauricio Viera también entendió que existe un “serio riesgo” de entorpecimiento de la investigación si se libera a Potocar y mencionó la hipótesis de un amedrentamiento a los testigos que aún no pasaron por el despacho de Farías.
“Esto es una verdadera injusticia. Con los elementos que lo han procesado no hay nadie procesado en el planeta”, aseguró a PERFIL Christian Poletti, uno de sus abogados defensores.
El letrado indicó que agotarán todas las instancias legales. “Ahora estamos, por un lado, recurriendo el auto de procesamiento que llegará a la Cámara la semana que viene y, con esta apelación rechazada, vamos a reiterar el planteo en Casación”, explicó a este diario.
Además, dijo que las presunciones contra su defendido se basan en lo declarado por el subcomisario Hernán Kovacevich, que está imputado en la causa pero goza de falta de mérito y está libre por haber “colaborado” con el expediente.
Kovacevich señaló que Potocar, antes de que allanaran la comisaría, había logrado sacar los libros que lo incriminaban de la Seccional 35ª, que lo “apretó” diciéndole que tuviera “cuidado” con lo que iba a decir y que su esposa, también policía, sufrió una serie de traslados ilógicos.
Según Poletti, los libros fueron secuestrados por la Justicia y las otras dos situaciones no ocurrieron.
En el procesamiento, dictado por el juez de instrucción Ricardo Farías, se detalla cómo funcionaba el sistema de recaudación ilegal: los imputados de menor rango respondían a las órdenes del comisario Norberto Villarreal, ex jefe de la seccional y actualmente prófugo, y exigían dinero a los trapitos para dejarlos trabajar y a comerciantes y empresarios para darles “seguridad”.
En su declaración, Potocar cargó contra el comisario prófugo, a quien consideró “un hijo de puta que nos cagó la vida a todos”. Además explicó que ganaba 128 mil pesos mensuales como jefe, negó los cargos en su contra y afirmó desconocer siglas como “DGC” –supuestamente la Dirección General de Comisarías que tenía a su cargo– en el cuaderno atribuido a Villareal, la otra prueba fuerte del fiscal José María Campagnoli.
